30/8/12

Por más inclusión y menos prejuicios

 

Propuesta de transformación institucional diseñada por el Espacio LTF conjuntamente con el Centro de Estudiantes de la U.31 de Florencio Varela (SPB), con el objeto de poner fin a la "pena complementaria" que supone el "Certificado de Antecedentes Penales", de acuerdo a lo establecido en la ley N° 22.117 y su decreto reglamentario N° 2004/1980.



Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

 
Proyecto de Ley: Información suministrada por el Registro Nacional de Reincidencia. Creación del Certificado de Información Penal Socialmente Relevante (CIPSoR), para uso particular.

Artículo 1°:

Modifíquese el artículo 8° de la ley N° 22.117, el que quedará redactado de la siguiente forma:

El servicio del Registro será reservado y únicamente podrá suministrar informes:

a) A los jueces y tribunales de todo el país, en el marco de causas judiciales en las que fueran competentes;

b) Cuando las leyes nacionales o provinciales lo determinen expresamente;

c) A la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y policías provinciales o municipales, para atender necesidades de investigación, siempre y cuando dicho pedido sea acompañado por orden judicial que justifique la intervención, sin excepción alguna;

d) A las autoridades extranjeras en virtud de lo establecido en el artículo 10;

e) Cuando lo dispusiere el Ministerio de Justicia de la Nación a solicitud fundada de otras autoridades nacionales, provinciales o municipales.”

En los casos de los incisos b), c), d) y e) del presente artículo, el informe deberá ser evacuado en el término de hasta diez (10) días corridos, si no se fijare uno menor.”

Artículo 2°:

Incorpórese como artículo 8° Bis de la ley N° 22.117 el siguiente texto:

“Los particulares sólo podrán acceder a la información suministrada por el Registro, previo requerimiento personal y/o de su mandatario o representante legal.

La información suministrada sólo hará referencia a la situación personal del requirente y/o su mandante o representado.

La información referida será suministrada mediante la emisión de un informe especial denominado “Certificado de Información Penal Socialmente Relevante” (CIPSoR).

El contenido del CIPSoR deberá sin excepción alguna limitarse a dar a conocer la siguiente información: I) Pedidos de captura nacional e internacional, II) Condenas pendientes de ejecución, exceptuando los casos de las personas que hayan accedido al derecho de la libertad condicional y III) Declaración de rebeldías judiciales.

El referido certificado será válido por cinco días hábiles desde su emisión. Corrido el lapso indicado operará su caducidad en forma automática.

Se prohíbe el uso de cualquier otra información ajena a la taxativamente enumerada en el presente, por parte de cualquier persona de existencia física o jurídica, principalmente en ocasión de ofertas de trabajo y/o reclutamiento laboral.

Dicho comportamiento será considerado 'Acto Discriminatorio', en los términos de la ley N° 23.592."

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Fundamentos:

 
Sr. Presidente:

El presente proyecto de modificación normativa tiene como objetivo reemplazar el actual “certificado de antecedentes penales” al que hace referencia la ley N° 22.117 y su decreto reglamentario N° 2004/1980, por un nuevo documento que, a diferencia de aquel, favorezca la inclusión social de las personas que habiendo estado en prisión recuperen su libertad ambulatoria, tanto en forma condicional como definitiva.

Este nuevo instrumento que damos en llamar “Certificado de Información Penal Socialmente Relevante” (CIPSoR), brindaría a los particulares que así lo soliciten la posibilidad de acceder a un documento en el que consten datos muy específicos, acotados y sólo emparentados a cuestiones judiciales vigentes. Nada diría del pasado delincuencial de las personas, evitando de este modo actos discriminatorios, señalamientos, estigmatizaciones y como consecuencia de todo ello exclusión, marginalidad y reincidencia “criminal” por parte del directamente damnificado.

En la práctica el cambio de paradigma propuesto es contundente. Mientras que con el actual sistema cualquiera puede arbitrariamente decidir, por ejemplo, no contratar a alguien por el sólo hecho de haber estado preso, en caso de aceptarse el “modelo CIPSoR”, esto será materialmente imposible.

El eventual empleador podrá solicitar un “certificado”, una “documentación” o un “comprobante de buena conducta”, pero el contenido de éste será sustancialmente diferente.

Si bien sabemos que la “intencionalidad persecutoria” del posible contratante y los prejuicios culturales que éste traiga incorporados en su cabeza no desaparecerán de un día para el otro, ya que esto requeriría un cambio cultural que excede el ámbito operativo de un proyecto de ley como éste, lo que sí podemos hacer desde nuestro rol legislativo es evitar que dicho comportamiento cuente con la complicidad manifiesta de las instituciones del Estado.

Los datos sobre el pasado “criminal” de las personas sólo serán pasibles de ser utilizados para confeccionar estadísticas oficiales con el propósito de llevar adelante una determinada política pública o en relación a causas judiciales o investigaciones que así lo requieran.

A los fines de no alterar la actual disposición institucional del Estado Argentino, la reforma aquí propuesta, apunta a un mero cambio de contenido de la documentación suministrada y no a cambios estructurales mayores.

El eventual trámite frente al Registro Nacional de Reincidencia, continuará siendo el mismo que hasta ahora. El Registro Nacional de Reincidencia conservará intactas sus potestades administrativas como órgano emisor del documento, siendo éste el único organismo competente para definir las características materiales del CIPSoR, su costo, etc.

El viejo “certificado” responde (en esencia y existencia) a teorías y prácticas filo-fascistas, emparentadas estrechamente con el imaginario positivista criminológico del s.XIX.

La lógica de los “registros criminales públicos”, vigente en nuestro país, desde la popular “Galería Delincuencial” de Fray Mocho en 1887 hasta nuestros días, atenta en forma ostensible contra el modelo inclusivo de derechos humanos que un Estado de Derecho como el nuestro amerita y exige.

No debe sorprendernos que tanto la ley N° 22.117 y el decreto reglamentario N° 2004/1980 fueran concebidos en el seno de la peor dictadura que recuerde nuestro país, aquella que se extendió entre los años 1976 y 1983, pues en esa época dicha lógica encontró un excelente  ámbito para consolidarse, desarrollarse y multiplicarse.

Si lo que se pretende es una verdadera reivindicación social apoyada en la protección de los derechos humanos de un grupo sumamente vulnerable como es el de las personas que alguna vez estuvieron en la cárcel, no podemos permitir que algo como lo que aquí es puesto en crisis siga vigente.

A modo de reseña historiográfica, resulta pertinente mencionar que desde la recuperación de la democracia en 1983 el referido texto normativo fue modificado en cinco oportunidades a saber: en 1985, a través de la Ley N° 23.262; en 1986, a través de la Ley N° 23.312; en 1993, a través de la Ley N° 24.263; en 1994, a través de la Ley N° 24.316; y en el año 2000 a través de la Ley N° 25.266.

No obstante,  los esfuerzos legislativos realizados hasta hoy han sido insuficientes. La coyuntura y las transformaciones sociales que se vienen llevando adelante en Argentina en los últimos años en materia de derechos humanos no hacen más que hacernos pensar en el “ahora”, como el momento indicado para dar un verdadero salto de calidad institucional en esta dirección.

Si bien la reinserción social es un concepto en sí mismo muy cuestionable, hablar de ella mientras paralelamente se ponen obstáculos para –por ejemplo- conseguir trabajo, es ni más ni menos que absurdo. Terminar con la imperdonable contradicción que supone que un mismo ordenamiento jurídico por un lado refleje que la finalidad de la cárcel es la reinserción social de los presos y por el otro ponga para concretarla, trabas tan evidentes como la hasta ahora descrita, resulta cuasi obligatorio, no sólo en términos conceptuales sino también jurídico-técnicos.

Finalmente, una convicción: un ex preso no estigmatizado por su condición y sin obstáculos a la hora de intentar subsistir por sí sólo en el medio libre, es alguien que muy probablemente no vuelva a delinquir. Y si hay menos reincidencia, el beneficio es de todos. Esto, de ser así, transforma algo tan simple como lo que aquí se propone en una “política de seguridad” sumamente efectiva, que acompañada por otras medidas igual de ambiciosas puede suponer en el corto y mediano plazo un más que interesante “nuevo escenario” en materia de políticas públicas frente al conflicto social habitualmente denominado “delito”, lejos del ideario represivo, intolerante y demagógico mayoritariamente fomentado. Más penas, más cárceles, más policías en la calle y más persecuciones no necesariamente se traducen en menos “delito”. Sin embargo, medidas como esta sí pueden aspirar verosímilmente a ello.  



* ACLARACIÓN: El presente proyecto de ley, toma como antecedente parte del proyecto de decreto reglamentario de la ley N° 22.117 (nunca sancionado) que en el año 2011 realizaran conjuntamente Maximiliano Postay y Gastón Bosio.
 

 

8/8/12

Funerarias Argentinas



Un nuevo testimonio, desde la Unidad N° 31 de Florencio Varela



Hace unos breves instantes mis compañeros me han pedido que escriba un articulo sobre las “Funerarias Argentinas”. Lo primero que se me vino a la mente es comparar en forma irónica este concepto con la denominada “tumba”, o como todo el mundo las conoce: “las cárceles”. Un submundo al que lamentablemente en la actualidad pertenezco. (pensar que años atrás yo era uno de los que pensaban que todos los delincuentes se encuentran acá, paradojas de la vida, ahora yo soy uno más).

Lamentablemente nuestra sociedad se encuentra muy desquebrajada y con pérdida de valores y de la noción real de lo que sucede. "Ellos" ajenos a la realidad prosiguen con sus trabajos, ocupados sobre todo por sobrevivir. El Estado argentino actual, a "nosotros" nos tiene condenados a la “muerte en vida” o sea olvidados en la “tumba” y a "ellos" los tienen presos de sus necesidades de poder y a través de la política los utilizan a sus antojos.

Todo ciudadano puede ser victima del Estado. Éste en vez de protegerlos se convierte en victimario de sus súbditos. El poder político sólo sabe saciar sus ansias de supremacía, apoyados por el poder económico. Es muy fácil advertir como los denominados “perejiles” terminan en la cárcel, y los tipos con llegada al poder la evitan por mas que tengan todo en contra.




La triste realidad es que en la Argentina actual no sólo existen las funerarias comunes de cualquier barrio y/o localidad donde velamos a nuestros seres queridos, sino que también está la cárcel, donde se confina a las personas al abandono y olvido judicial y político, al abandono de su propia familia.

En la cárcel una persona en vez de "rehabilitarse" lo único que hace es estancarse dentro de un sistema punitivo que no sirve. No obstante, los presos debemos luchar contra este sistema aunque sea en forma aislada, pues hemos comprobado en carne propia que todo esto así como está no puede continuar.

El problema nace en el poder político. De eso no hay dudas. Este es el que conduce el país y toma las decisiones sobre el rumbo que se debe seguir; pero por décadas y más décadas solo se preocuparon (sean del partido que sean) en llenar sus bolsillos. Desde los comienzos de la historia de nuestro país se ha visto en su largo camino de dos siglos que uno de los más importantes propósitos de los políticos es "ocultar la realidad". Sólo les importa que la población se mantenga lo más ignorante posible.

El porqué de esto es sencillo. Al Estado no le conviene un pueblo instruido y que sepa lo que tiene que hacer. Dijo alguna vez un militar -reconocido estratega de su época- a quienes sus propios compatriotas temían (y lo hizo al momento de inaugurar una biblioteca): “la opinión del pueblo tiene mas fuerzas que las bayonetas de mi ejercito”. Ese militar no fue otro que el General San Martín. Han pasado casi 200 años de aquellas palabras.

Nosotros los argentinos no hemos tomado conciencia de lo que nos corresponde. Así que por indolencia, falta de interés o como quieran llamarlo, permitimos que un puñado de personas que se denominan políticos manejen a su antojo nuestras vidas.-




La mayoría de los ciudadanos piensan que el mejor lugar donde pueden estar los presos es la cárcel. Y esto, señores, es una farsa. Aquí no se aprende nada, salvo casos aislados. La cárcel no sirve para nada, solo para resentir el alma.

Una persona que ha sido detenida se encuentra -como lo expresé- condenada a una “muerte en vida”.

La vida continúa afuera de los muros, aquí se detiene, no se permite avanzar. Seria necesario buscar políticas adecuadas y no solo represivas para cambiar ésta situación, porque una persona que ha sido “un preso” se ve condenado a la condena no solo judicial, sino también social.

Uno cuando sale de aquí se ve imposibilitado de conseguir empleo, todo por el “bendito” certificado de antecedentes penales. Si a una persona se le imposibilita poder ganarse el sustento en forma digna, se lo está discriminando y colocando en una situación en la cual -practicamente- te obligan a volver a delinquir.

La sociedad debe cambiar en su conjunto. Es una utopía que las cárceles desaparezcan de un momento a otro. Aún no estamos preparados para ello como sociedad, pero trabajando y buscando aplicar las políticas correctas, transformar la sociedad, que existan igualdad de condiciones para acceder a un trabajo digno y a una educación adecuada, a tener derecho de ser propietario de su casa, sin que hagan falta los políticos que compren nuestros votos por una vivienda, un plan social, o un “choripan”.

Cuando el pueblo todo, comprenda que el mayor de los males son nuestros políticos, que lo único que desean es llenarse los bolsillos, como lo han hecho sus predecesores y seguramente lo harán sus hijos, porque no es difícil darse cuenta que es un “negocio familiar", quizás esto vaya mejor.



Hasta que los argentinos digamos basta, no se producirá un cambio. Nos mienten, nos roban, nos condenan a nosotros que estamos tras los muros y a uds., los que están presos de sus ambiciones de poder y no dudan en mandarlos al matadero, en vez de buscar soluciones idóneas para paliar la angustiosa situación de nuestro país.
Pasaron 202 años desde la revolución de Mayo y aún estamos esperando por la libertad y la igualdad. No se puede creer que estamos siendo manejados por un puñado de personas que nos dirigen según sus propios antojos, sin pensar en nuestros abuelos a quienes roban su dinero en forma artera y desleal.  La suprema corte falla con el 82 por ciento móvil, ellos ignoran todo, se hacen los “pelotudos”, la “estiran” porque saben que los viejitos a la larga “morirán”. Esas personas capaces de hacer esto son nuestros políticos, que entregan computadoras con plata que deberían tener los jubilados para comprar sus medicamentos, bahh dinero que es de ellos y que en su adultez tendrían que disfrutar a su antojo. Esos mismos políticos que idiotizan a la gente y compran voluntades de los ignorantes con planes y fomentan la deserción escolar y la vagancia, porque nadie quiere trabajar y los pocos que lo desean no pueden hacerlo porque se abusan de ellos con los sueldos, contratos de tres meses, etc.

                               
Señores, la triste realidad, es que la República Argentina, es una GRAN FUNERARIA. Hasta tanto no tomemos conciencia que el saber y el trabajo, la familia y el respeto por uno mismo, por sus iguales, la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley constituyen "la piedra fundamental" de una sociedad con miras a ser fuerte y sólida, no seremos más que lo que somos: un país a la deriva que cada tanto da un golpe de timón que parece encaminarnos por la ruta adecuada, pero que en realidad sólo se da para ocultar un poco de las verdades tristes de nuestras miserias.


José Luis Lescano




5/8/12

Qué loco... re loco....

Vivencias carcelarias.

Análisis y debate entre compañeros estudiantes universitarios

Nos encontramos tomando unos mates con mis compañeros, en el centro de estudiantes, e ingresa al lugar un  amigo, para saber si le podíamos dar algún tipo de respuesta o ayuda, ante su problema judicial.

Luego de conversar decidimos analizar los puntos específicos de su planteo: dentro de estas instituciones penitenciarias los problema de salubridad son sumamente graves y mínimamente atendidos, conjuntamente con la falta de contención, apoyo psicológica y asistencia social,  alimentación cualitativa y cuantitativa, , derecho de tarea laboral, etc. 

La situación puede resultar confusa, ya que nos encontramos en una de las mas importantes instituciones del país, la cual estaría encargada de una correcta inclusión social conservando el derecho primordial de toda la humanidad, que es la vida.

Aunque en muchísimas oportunidades pudimos haberla quitado, no quita que aunque nos encontremos en este contexto dejemos de ser Seres Humanos, quitándonos nuestros derechos. Más allá, de  que todos piensen que este lugar está hecho para cumplir una función, la verdad es que no la realiza. Nuestro compañero nos viene a hablar de salud, pero para hablar de eso, necesariamente tenemos que ver TODA nuestra realidad, porque es todo un circulo.

Desde el año 2004 la provincia de Buenos Aires viene ejecutando políticas públicas en el ámbito del SPB bajo un estado de excepción. Esto significa -para que el ciudadano común lo entienda- que la contratación de los bienes y servicios que se vuelcan desde el erario público a las cárceles de la provincia de buenos aires sortea los controles de distintos organismos que tienen la función constitucional de ejercer ese papel.



En consecuencia, la propia administración, el ejecutivo, ha flexibilizado los controles y convertido a la contaduría general, tribunal de cuenta y fiscalía de estado, en breves organismos formales sin ejercicio de poder sustancial, a la par de la desarticulación de estos órganos de control de gestión, el poder judicial, básicamente a través del ministerio publico y fiscal, también ha seguido un derroteo similar de relajamiento de sus organismos y funciones.

Las falencias que hoy por hoy vivimos dentro de las cárceles (ni sanas ni limpias a pesar de lo que diga el artículo 18 de nuestra Carta Magna) en materia de salud son gravísimas. La falta de profesionales que han cumplido un juramento a la “Vida” la falta de medicamento, las falta de los insumos,  la falta de atención médica, etc. son una realidad.

“Analizando entre compañeros” los temas que venimos abarcando, otro de los puntos que nos pareció “RE LOCO” es el tema de las sanciones administrativas y castigos varios que padecemos día a día los internos dentro de las cárceles.

Estas sanciones no son sólo “disciplinarias” sino una manera de señalar al “REO” en forma más agresiva. Si un dueño  tiene una mascota atada en el fondo de la casa, sin comer, sin darle agua de beber, sin atender, puede que cuando el dueño de la mascota se acerque, lo muerda por la falta de todo esto.

Mantener a una persona dentro de una celda aislada por semanas y meses, es algo que repercute fuertemente en la persona  allí alojada. ¿Cómo vivir en un rectángulo de de dos metros y medios por tres de largo? 

Los mismos encargados de estos pabellones presentan una actitud perversa y negativa para poder remediar el problema del preso cuando ya se encuentra sancionado, o aislado de la población.



Por otro lado, vivir en los pabellones “de conducta” también es algo digno de sobrellevar. Los encierros en los horarios picos y/o los recuentos de la población, en varias oportunidades causan problemas que no les permiten a los presos desarrollar  con normalidad sus actividades, cocinar, alimentarse, higienizarse, entre otras cosas, y que deriva en  una actitud negativa en el detenido alojado.

Todo eso basta para formar una persona “mala”, consecuencia del mismo “sistema penitenciario”. El encierro nunca es bueno para una persona. Como dice el padre de la sociología Augusto Comte “el hombre es un ser social y no puede vivir  en situación  encierro aislado , porque su naturaleza es ser un ser sociable”.

Vivir en estas condiciones un par de semanas y/o meses dentro de un rectángulo en lo más mínimo permite “mejorar nuestra conducta”, entonces imaginemos lo que sucede si el encierro se prolonga durante años: depresión emocional, dificultades para volver al medio abierto, dificultades para incorporarse al núcleo familiar, marginalidad crónica y como muy probable resultado de todo esto: reincidencia. Y todo por culpa de la propia cárcel.  Qué loco, re loco.          
                                                                  


Volviendo al contexto de encierro nos damos cuenta que dentro de estas falencias de las que ya hemos hablado, está también el impedimento de poder realizar una actividad laboral, sin razón alguna o el impedimento para estudiar o gozar de una salida transitoria o libertad condicional. Siempre todo termina en una interpretación de los señores jueces de la justicia.

A su vez también terminamos siendo víctimas de este contexto de encierro carcelario, con respecto a los pedidos de audiencias con el procurador general de la unidad. Personaje, que no hace falta decirlo, brilla por su ausencia; y quien termina realizando los pedidos de comparendo y/o algún pedido administrativo es el mismo preso acompañado por los familiares que nos vienen a visitar o algún compañero.

El sistema carcelario actual, como ya lo dijera, viola los principios establecidos por el articulo 18 de nuestra carta magna y los pactos internacionales reconocidos por el articulo 75 inciso 22 de la misma, toda vez que al proceder a privar de la libertad a una persona se la condena –ni más ni menos- que al abandono jurídico social con practicas denigrantes como la extorsión judicial aplicada por el señor magistrado y miembros del ministerio publico, quienes en su afán de responder al poder político de turno lo único que buscan es una condena.

No les interesa el problema real que pueda traer a una persona a esta situación (una pena de muerte encubierta). Por eso las cárceles no sirven para una correcta inclusión social, sino por el contrario resultan parte del aparato represivo que excluye a una parte de la sociedad que no ha contado con las mismas oportunidades de educación, formación y capacitación laboral que el resto de la sociedad. Esto continuará. Qué loco.

Gerardo Carrizo