4/12/12

Avance "Rejas, suspiros y llaves"

 
Introducción del documental abolicionista, realizado conjuntamente por "Ojota con Medias" (productora independiente liderada por Ezequiel Altamirano) y el "Espacio LTF", en el que se destacan las participaciones de Oscar Castelnovo, Mario Juliano, Azucena Racosta, La Galle, Sebastián Carrera, Cacho Rodríguez, Gastón Bosio, Maximiliano Postay, Iñaki Anitua y el grupo Salvatablas.
 
 
 
 

14/11/12

1/11/12

Documento Conjunto. LTF y CELS


 
Observaciones sobre los

derechos de las personas privadas de la libertad con padecimientos mentales

 

En atención a los fundamentos constitucionales de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (n° 24.660), cuyo sustento radica en los principios de igualdad y humanidad, y en la finalidad de reinserción social de la pena y la garantía de defensa del imputado contra restricciones arbitrarias,[1] observamos con gran preocupación que algunas disposiciones de los decretos reglamentarios de dicha normativa restringen a la población carcelaria que atraviesan algún padecimiento mental el efectivo acceso a algunos derechos básicos, vulnerando el principio constitucional de igualdad y no discriminación y la normativa legal vigente en materia de salud mental.[2]
 

La ley 24.660 establece que toda persona condenada “podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten”. Reconocemos la potestad reglamentaria de dicha normativa, pero observamos que, en ejercicio de esa potestad, se establecieron restricciones arbitrarias en los artículos 68 del anexo I del Decreto N° 1136/97 y 73 del Anexo I del Decreto 396/99, en detrimento de los derechos de la población carcelaria que atraviesa algún padecimiento mental.
 
En primer término, la exclusión que establece el art. 73 del Anexo I del Decreto 369/99 del regimen de progresividad de la pena a las personas con padecimientos mentales resulta palmariamente arbitraria. El mencionado decreto, que reglamente las modalidades básicas de la ejecución de la pena, regulando la progresividad del régimen penitenciario y el programa prelibertad, establece algunas limitaciones que afectan particularmente a las personas con padecimientos mentales. Así, suspende "las calificaciones de conducta y de concepto del interno alojado en un establecimiento penitenciario especializado de carácter psiquiátrico o en un centro similar y apropiado del medio libre" (art. 73). En consecuencia, imposibilita a este sector de la población carcelaria a acceder al régimen de progresividad de la pena que incluye limitar la permanencia de la persona en establecimientos cerrados, entre otros derechos.
 

Como segunda cuestión, nos preocupa la restricción ilegítima del derecho a recibir visitas íntimas a las personas privadas de la libertad que se encuentran en establecimientos psiquiátrico - penales. En cuanto al derecho a las relaciones familiares y sociales, el art. 158, primer párrafo de la Ley 24.660 establece que la persona privada de la libertad “tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o escrita, con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción social”. Con relación a los derechos sexuales y reproductivos[3] su art. 159 dispone que quienes “no gocen de permiso de salida para afianzar y mejorar los lazos familiares podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a falta de éste, de la persona con quien mantiene vida marital permanente, en la forma y modo que determinen los reglamentos”.


Con relación a la población carcelaria en general, el art. 30, inciso “c” del Decreto N° 1136/97 (reglamentario de la Ley de Ejecución Penal) establece el derecho a las visitas de consolidación familiar, mientras que el art. 52 inciso “d” del mismo decreto regula la visita de reunión conyugal, mencionando en los artículos posteriores los requisitos que deben cumplirse para hacer efectiva esta modalidad de visita. Sin embargo, el art. 68 dispone expresamente la imposibilidad de recibir la visita de reunión conyugal al “interno alojado en establecimientos o secciones especiales de carácter asistencial, médico, psiquiátrico o en los que se desarrollen regímenes terapéuticos especializados”.


Las restricciones señaladas violan los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, además de ser contrarias al paradigma legal instaurado por la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Argentina en 2008 y la Ley Nacional de Salud Mental, n° 26.657 (LNSM) en diciembre de 2010. Los fundamentos de estas exclusiones reglamentarias al acceso de derechos solo pueden comprenderse dentro del paradigma tutelar y restrictivo, sustentado en la “peligrosidad del loco”.


La peligrosidad se aloja directamente en la lógica discriminatoria y selectiva del sistema jurídico-político de reproducción de las desigualdades sociales. Como categoría clasificatoria se basa en prejuicios, con el único objetivo de brindar la sensación de seguridad a la sociedad e imponer un control, más que de dar una respuesta al padecimiento de un sujeto y su entorno. Así, se genera una categoría supuesta de funcionamiento que es construida en función de elementos que no describen a la singularidad del individuo sino a su "capacidad potencial" de dañar –capacidad que, es preciso señalar, es inherente a toda persona humana-; se toman medidas en función de atribuciones que se hacen por comportamientos pasados y se castiga previamente por acciones que aún no se han cometido. Por consiguiente se trata de hechos incomprobables en forma fehaciente y, por lo tanto, no pueden fundamentar restricción alguna sin vulnerar el principio de legalidad consagrado en la Constitución Nacional (art. 18) y los tratados internacionales de derechos humanos de igual rango.
 

En este sentido se ha manifestado el Ministro de la CSJN, Dr. Eugenio Zaffaroni, al señalar que el concepto positivista de peligrosidad del Siglo XIX es insostenible por doctrinariamente perimido, inverificable y esencialmente incompatible con la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se trata de un juicio de futuro y es un pronóstico de conducta resuelto conforme a un cálculo de probabilidades y es inaceptable que una restricción de tan negativas consecuencias se funde en un cálculo de probabilidades que conforme a su naturaleza resulta inverificable.[4]


Además, como señalamos, se trata de una flagrante violación al principio de igualdad consagrado en el art. 16 de nuestra Constitución Nacional, según el cual todas las personas participan de una igualdad elemental de status en cuanto a personas jurídicas. En consecuencia, el Estado debe asegurar a todas las personas los mismos derechos y con ello debe promover el acceso efectivo al goce de esos derechos. Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 24 señala que: “[to]das las personas son iguales ante la ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual protección a la ley.” En términos similares el principio de igualdad se encuentra consagrado en el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es reafirmado en el artículo 5 de la CDPD, al establecer la igualdad de protección legal y derecho a beneficiarse de la ley en igual medida, sin discriminación alguna.
 

Sobre esta cuestión también se expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en  la Resolución 1/08 relativa a los “Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, donde reafirmó el principio de igualdad y no- discriminación en los siguientes términos: “toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad. Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condición social. En consecuencia, se prohibirá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos a las personas privadas de libertad” (el resaltado nos pertenece).


El modelo legal discriminatorio, tutelar y restrictivo de derechos fue superado desde la ratificación de la CDPD y la sanción de la LNSM. Esta última establece un piso mínimo de derechos fundamentales para proteger la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio Argentino (art. 1). Para ello parte del reconocimiento de la salud mental “como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona” (art. 3).


Conforme esta definición, la salud mental de las personas, en tanto proceso, debe entenderse como una condición cambiante en el tiempo. La cualidad dinámica de dicho proceso da cuenta de la interacción entre las características del individuo y el medio social en el que lleva adelante su vida. Uno de los aspectos de la vida social que resulta fundamental para preservar y mejorar la salud mental es la concreción de derechos humanos y sociales básicos, lo que incluye fundamentalmente aquellos relativos al restablecimiento de lazos y vínculos sociales de la persona. Este mandato de ninguna manera excluye a las personas que se encuentran privadas de la libertad a causa de una respuesta punitiva del Estado ante la comisión de una conducta delictiva. Sino todo lo contrario; la prohibición de desarrollar su vida en relación con los demás plantea una contradicción a la condición misma del sujeto humano que es en sí, un sujeto social.


Las restricciones acá señaladas ponen al descubierto viejos estigmas y prejuicios que deben ser  superados a favor de la efectiva integración social de cualquier persona con padecimientos mentales, los cuales oscilan entre la presunción de un estado perverso de su sexualidad y la completa negación de esta última. La deshumanización que suponen este tipo de estigmas y prejuicios no solo conlleva a la restricción ilegal de derechos sexuales y reproductivos, sino además a una prohibición implícita de que estas personas preserven o construyan lazos afectivos que contribuyan a la recuperación de su estatuto de sujetos sociales.
 

Suponer que un tratamiento centrado en un padecimiento mental – en los términos de la llamada “rehabilitación”- puede sostenerse de manera aislada del medio social y vincular,  acarrea no sólo una comprensión parcial de la salud mental sino que condena a la persona a un desacople de su vida que en nada puede contribuir con un objetivo de reinserción social. Aún así, si por alguna razón existiera la presunción de que los encuentros íntimos podrían ir en detrimento de la salud mental de la persona afectada o de su entorno, será una indicación que corresponde al equipo sanitario, alcanzada sobre la lógica del caso a caso, con explícito fundamento de esta indicación y de su extensión temporal en la historia clínica.
 

Nada en el marco normativo vigente indica que las personas privadas de la libertad en instituciones carcelarias que sufran un padecimiento mental deban estar sujetas a mayores restricciones que aquellas legalmente dispuestas para la población carcelaria en su totalidad, siempre que dichas restricciones respeten el marco constitucional vigente.


Por el contrario, la LNSM establece expresamente que el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de encierro y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de atención primaria de la salud, debiéndose orientar al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales.

 
Por los argumentos expuestos las organizaciones firmantes de este documento, requerimos se considere la eliminación de los artículos 68 del Anexo I del Decreto 1136/97 y el artículo 73 del Anexo I del Decreto 396/99, por establecer restricciones discriminatorias a las personas privadas de la libertad en régimen penitenciario que poseen algún padecimiento mental.



[1] Conforme la Constitución Nacional, art. 18 in fine “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.
[2] En particular, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Ley Nacional de Salud Mental, n° 26.657 (LNDM. Por su parte, los principios de igualdad y no discriminación se encuentran protegidos en el art. 16 CN, art. 24 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambos instrumentos internacionales con rango constitucional conforme el art. 75,inc. 22 CN) y art. 5 CDPD.
[3] Los derechos sexuales de las personas están protegidos por nuestra Constitución Nacional, dentro de la esfera del art. 19 y 33. Además en los tratados internacionales que la integran: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 10, 12, 14, 16 y 24), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 2, 3, 7, 9, 17, 18, 19, 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2, 3, 12 y 13), la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, 7,11, 12, 13), la Convención de los Derechos del Niño (art. 2, 3, 12, 13, 14, 16, 19, 24 y 28), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (Artículo XI) y Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 25.1), y por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (art. 3, 4, 6, 7, 8).
Asimismo, es necesario tener en cuenta que la Ley Nacional Nº 25.673 persigue el objetivo de garantizar a la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia.
[4] Eugenio Zaffaroni. Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2000, pag. 997



16/10/12

CAMPAÑA "DECILE NO AL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES"

 
DICEN QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CÁRCEL ES FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS QUE POR ALLÍ PASAN.
 
DICEN QUE LA CÁRCEL NO ES CASTIGO, SINO TRATAMIENTO. DICEN QUE QUIEREN QUE EL PRESO TRABAJE, ESTUDIE, SE FORME COMO PERSONA Y JAMÁS VUELVA A DELINQUIR.
 
DICEN TODO ESO, PERO PARALELAMENTE TE ESCRACHAN UNA VEZ QUE RECUPERÁS TU LIBERTAD, CON UN MALDITO CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES QUE -OBVIAMENTE- COMPLICA TODO PANORAMA A LA HORA DE QUERER INICIAR UNA VIDA AL MARGEN DEL "DELITO".
 
CONTRADICTORIO, ¿NO?
 
DESDE UN VERDULERO HASTA UN VETERINARIO, DESDE UN CARPINTERO HASTA UN ABOGADO PENALISTA, TODOS A LA HORA DE EMPLEAR A UNA PERSONA PUEDEN ARBITRARIAMENTE PEDIRLE QUE ACREDITE QUE EN EL PASADO NO COMETIÓ NINGÚN DELITO.
 
NO IMPORTA SI PAGASTE O NO POR EL DAÑO COMETIDO. SE CAGAN EN LOS AÑOS QUE PASASTE ENCERRADO. TE EXIGEN, TE SEÑALAN, TE DISCRIMINAN Y ENCIMA PIDEN QUE NO REINCIDAS.
 
¿HIPOCRESÍA, DOBLE MORAL, SADISMO O TODO JUNTO?
 
 
LEELA CON ATENCIÓN, EMPAPATE Y SI ESTÁS DE ACUERDO, APOYANOS.
 
ESTO ASÍ NO PUEDE SEGUIR MÁS. NECESITAMOS TU ADHESIÓN.
 
DEJANOS TU NOMBRE COMPLETO, DNI, OCUPACIÓN, PROVINCIA Y MAIL Y SUMATE A LA CAMPAÑA PARA ELIMINAR EL ACTUAL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES.
 
FAVORECÉ LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL PRESO Y CONTRIBUÍ A QUE LOS ÍNDICES DE REINCIDENCIA SEAN MENORES.
 
JUGATE, COMPROMETETE. NO HACER NADA, TE VUELVE CÓMPLICE.

 

30/8/12

Por más inclusión y menos prejuicios

 

Propuesta de transformación institucional diseñada por el Espacio LTF conjuntamente con el Centro de Estudiantes de la U.31 de Florencio Varela (SPB), con el objeto de poner fin a la "pena complementaria" que supone el "Certificado de Antecedentes Penales", de acuerdo a lo establecido en la ley N° 22.117 y su decreto reglamentario N° 2004/1980.



Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

 
Proyecto de Ley: Información suministrada por el Registro Nacional de Reincidencia. Creación del Certificado de Información Penal Socialmente Relevante (CIPSoR), para uso particular.

Artículo 1°:

Modifíquese el artículo 8° de la ley N° 22.117, el que quedará redactado de la siguiente forma:

El servicio del Registro será reservado y únicamente podrá suministrar informes:

a) A los jueces y tribunales de todo el país, en el marco de causas judiciales en las que fueran competentes;

b) Cuando las leyes nacionales o provinciales lo determinen expresamente;

c) A la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y policías provinciales o municipales, para atender necesidades de investigación, siempre y cuando dicho pedido sea acompañado por orden judicial que justifique la intervención, sin excepción alguna;

d) A las autoridades extranjeras en virtud de lo establecido en el artículo 10;

e) Cuando lo dispusiere el Ministerio de Justicia de la Nación a solicitud fundada de otras autoridades nacionales, provinciales o municipales.”

En los casos de los incisos b), c), d) y e) del presente artículo, el informe deberá ser evacuado en el término de hasta diez (10) días corridos, si no se fijare uno menor.”

Artículo 2°:

Incorpórese como artículo 8° Bis de la ley N° 22.117 el siguiente texto:

“Los particulares sólo podrán acceder a la información suministrada por el Registro, previo requerimiento personal y/o de su mandatario o representante legal.

La información suministrada sólo hará referencia a la situación personal del requirente y/o su mandante o representado.

La información referida será suministrada mediante la emisión de un informe especial denominado “Certificado de Información Penal Socialmente Relevante” (CIPSoR).

El contenido del CIPSoR deberá sin excepción alguna limitarse a dar a conocer la siguiente información: I) Pedidos de captura nacional e internacional, II) Condenas pendientes de ejecución, exceptuando los casos de las personas que hayan accedido al derecho de la libertad condicional y III) Declaración de rebeldías judiciales.

El referido certificado será válido por cinco días hábiles desde su emisión. Corrido el lapso indicado operará su caducidad en forma automática.

Se prohíbe el uso de cualquier otra información ajena a la taxativamente enumerada en el presente, por parte de cualquier persona de existencia física o jurídica, principalmente en ocasión de ofertas de trabajo y/o reclutamiento laboral.

Dicho comportamiento será considerado 'Acto Discriminatorio', en los términos de la ley N° 23.592."

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Fundamentos:

 
Sr. Presidente:

El presente proyecto de modificación normativa tiene como objetivo reemplazar el actual “certificado de antecedentes penales” al que hace referencia la ley N° 22.117 y su decreto reglamentario N° 2004/1980, por un nuevo documento que, a diferencia de aquel, favorezca la inclusión social de las personas que habiendo estado en prisión recuperen su libertad ambulatoria, tanto en forma condicional como definitiva.

Este nuevo instrumento que damos en llamar “Certificado de Información Penal Socialmente Relevante” (CIPSoR), brindaría a los particulares que así lo soliciten la posibilidad de acceder a un documento en el que consten datos muy específicos, acotados y sólo emparentados a cuestiones judiciales vigentes. Nada diría del pasado delincuencial de las personas, evitando de este modo actos discriminatorios, señalamientos, estigmatizaciones y como consecuencia de todo ello exclusión, marginalidad y reincidencia “criminal” por parte del directamente damnificado.

En la práctica el cambio de paradigma propuesto es contundente. Mientras que con el actual sistema cualquiera puede arbitrariamente decidir, por ejemplo, no contratar a alguien por el sólo hecho de haber estado preso, en caso de aceptarse el “modelo CIPSoR”, esto será materialmente imposible.

El eventual empleador podrá solicitar un “certificado”, una “documentación” o un “comprobante de buena conducta”, pero el contenido de éste será sustancialmente diferente.

Si bien sabemos que la “intencionalidad persecutoria” del posible contratante y los prejuicios culturales que éste traiga incorporados en su cabeza no desaparecerán de un día para el otro, ya que esto requeriría un cambio cultural que excede el ámbito operativo de un proyecto de ley como éste, lo que sí podemos hacer desde nuestro rol legislativo es evitar que dicho comportamiento cuente con la complicidad manifiesta de las instituciones del Estado.

Los datos sobre el pasado “criminal” de las personas sólo serán pasibles de ser utilizados para confeccionar estadísticas oficiales con el propósito de llevar adelante una determinada política pública o en relación a causas judiciales o investigaciones que así lo requieran.

A los fines de no alterar la actual disposición institucional del Estado Argentino, la reforma aquí propuesta, apunta a un mero cambio de contenido de la documentación suministrada y no a cambios estructurales mayores.

El eventual trámite frente al Registro Nacional de Reincidencia, continuará siendo el mismo que hasta ahora. El Registro Nacional de Reincidencia conservará intactas sus potestades administrativas como órgano emisor del documento, siendo éste el único organismo competente para definir las características materiales del CIPSoR, su costo, etc.

El viejo “certificado” responde (en esencia y existencia) a teorías y prácticas filo-fascistas, emparentadas estrechamente con el imaginario positivista criminológico del s.XIX.

La lógica de los “registros criminales públicos”, vigente en nuestro país, desde la popular “Galería Delincuencial” de Fray Mocho en 1887 hasta nuestros días, atenta en forma ostensible contra el modelo inclusivo de derechos humanos que un Estado de Derecho como el nuestro amerita y exige.

No debe sorprendernos que tanto la ley N° 22.117 y el decreto reglamentario N° 2004/1980 fueran concebidos en el seno de la peor dictadura que recuerde nuestro país, aquella que se extendió entre los años 1976 y 1983, pues en esa época dicha lógica encontró un excelente  ámbito para consolidarse, desarrollarse y multiplicarse.

Si lo que se pretende es una verdadera reivindicación social apoyada en la protección de los derechos humanos de un grupo sumamente vulnerable como es el de las personas que alguna vez estuvieron en la cárcel, no podemos permitir que algo como lo que aquí es puesto en crisis siga vigente.

A modo de reseña historiográfica, resulta pertinente mencionar que desde la recuperación de la democracia en 1983 el referido texto normativo fue modificado en cinco oportunidades a saber: en 1985, a través de la Ley N° 23.262; en 1986, a través de la Ley N° 23.312; en 1993, a través de la Ley N° 24.263; en 1994, a través de la Ley N° 24.316; y en el año 2000 a través de la Ley N° 25.266.

No obstante,  los esfuerzos legislativos realizados hasta hoy han sido insuficientes. La coyuntura y las transformaciones sociales que se vienen llevando adelante en Argentina en los últimos años en materia de derechos humanos no hacen más que hacernos pensar en el “ahora”, como el momento indicado para dar un verdadero salto de calidad institucional en esta dirección.

Si bien la reinserción social es un concepto en sí mismo muy cuestionable, hablar de ella mientras paralelamente se ponen obstáculos para –por ejemplo- conseguir trabajo, es ni más ni menos que absurdo. Terminar con la imperdonable contradicción que supone que un mismo ordenamiento jurídico por un lado refleje que la finalidad de la cárcel es la reinserción social de los presos y por el otro ponga para concretarla, trabas tan evidentes como la hasta ahora descrita, resulta cuasi obligatorio, no sólo en términos conceptuales sino también jurídico-técnicos.

Finalmente, una convicción: un ex preso no estigmatizado por su condición y sin obstáculos a la hora de intentar subsistir por sí sólo en el medio libre, es alguien que muy probablemente no vuelva a delinquir. Y si hay menos reincidencia, el beneficio es de todos. Esto, de ser así, transforma algo tan simple como lo que aquí se propone en una “política de seguridad” sumamente efectiva, que acompañada por otras medidas igual de ambiciosas puede suponer en el corto y mediano plazo un más que interesante “nuevo escenario” en materia de políticas públicas frente al conflicto social habitualmente denominado “delito”, lejos del ideario represivo, intolerante y demagógico mayoritariamente fomentado. Más penas, más cárceles, más policías en la calle y más persecuciones no necesariamente se traducen en menos “delito”. Sin embargo, medidas como esta sí pueden aspirar verosímilmente a ello.  



* ACLARACIÓN: El presente proyecto de ley, toma como antecedente parte del proyecto de decreto reglamentario de la ley N° 22.117 (nunca sancionado) que en el año 2011 realizaran conjuntamente Maximiliano Postay y Gastón Bosio.
 

 

8/8/12

Funerarias Argentinas



Un nuevo testimonio, desde la Unidad N° 31 de Florencio Varela



Hace unos breves instantes mis compañeros me han pedido que escriba un articulo sobre las “Funerarias Argentinas”. Lo primero que se me vino a la mente es comparar en forma irónica este concepto con la denominada “tumba”, o como todo el mundo las conoce: “las cárceles”. Un submundo al que lamentablemente en la actualidad pertenezco. (pensar que años atrás yo era uno de los que pensaban que todos los delincuentes se encuentran acá, paradojas de la vida, ahora yo soy uno más).

Lamentablemente nuestra sociedad se encuentra muy desquebrajada y con pérdida de valores y de la noción real de lo que sucede. "Ellos" ajenos a la realidad prosiguen con sus trabajos, ocupados sobre todo por sobrevivir. El Estado argentino actual, a "nosotros" nos tiene condenados a la “muerte en vida” o sea olvidados en la “tumba” y a "ellos" los tienen presos de sus necesidades de poder y a través de la política los utilizan a sus antojos.

Todo ciudadano puede ser victima del Estado. Éste en vez de protegerlos se convierte en victimario de sus súbditos. El poder político sólo sabe saciar sus ansias de supremacía, apoyados por el poder económico. Es muy fácil advertir como los denominados “perejiles” terminan en la cárcel, y los tipos con llegada al poder la evitan por mas que tengan todo en contra.




La triste realidad es que en la Argentina actual no sólo existen las funerarias comunes de cualquier barrio y/o localidad donde velamos a nuestros seres queridos, sino que también está la cárcel, donde se confina a las personas al abandono y olvido judicial y político, al abandono de su propia familia.

En la cárcel una persona en vez de "rehabilitarse" lo único que hace es estancarse dentro de un sistema punitivo que no sirve. No obstante, los presos debemos luchar contra este sistema aunque sea en forma aislada, pues hemos comprobado en carne propia que todo esto así como está no puede continuar.

El problema nace en el poder político. De eso no hay dudas. Este es el que conduce el país y toma las decisiones sobre el rumbo que se debe seguir; pero por décadas y más décadas solo se preocuparon (sean del partido que sean) en llenar sus bolsillos. Desde los comienzos de la historia de nuestro país se ha visto en su largo camino de dos siglos que uno de los más importantes propósitos de los políticos es "ocultar la realidad". Sólo les importa que la población se mantenga lo más ignorante posible.

El porqué de esto es sencillo. Al Estado no le conviene un pueblo instruido y que sepa lo que tiene que hacer. Dijo alguna vez un militar -reconocido estratega de su época- a quienes sus propios compatriotas temían (y lo hizo al momento de inaugurar una biblioteca): “la opinión del pueblo tiene mas fuerzas que las bayonetas de mi ejercito”. Ese militar no fue otro que el General San Martín. Han pasado casi 200 años de aquellas palabras.

Nosotros los argentinos no hemos tomado conciencia de lo que nos corresponde. Así que por indolencia, falta de interés o como quieran llamarlo, permitimos que un puñado de personas que se denominan políticos manejen a su antojo nuestras vidas.-




La mayoría de los ciudadanos piensan que el mejor lugar donde pueden estar los presos es la cárcel. Y esto, señores, es una farsa. Aquí no se aprende nada, salvo casos aislados. La cárcel no sirve para nada, solo para resentir el alma.

Una persona que ha sido detenida se encuentra -como lo expresé- condenada a una “muerte en vida”.

La vida continúa afuera de los muros, aquí se detiene, no se permite avanzar. Seria necesario buscar políticas adecuadas y no solo represivas para cambiar ésta situación, porque una persona que ha sido “un preso” se ve condenado a la condena no solo judicial, sino también social.

Uno cuando sale de aquí se ve imposibilitado de conseguir empleo, todo por el “bendito” certificado de antecedentes penales. Si a una persona se le imposibilita poder ganarse el sustento en forma digna, se lo está discriminando y colocando en una situación en la cual -practicamente- te obligan a volver a delinquir.

La sociedad debe cambiar en su conjunto. Es una utopía que las cárceles desaparezcan de un momento a otro. Aún no estamos preparados para ello como sociedad, pero trabajando y buscando aplicar las políticas correctas, transformar la sociedad, que existan igualdad de condiciones para acceder a un trabajo digno y a una educación adecuada, a tener derecho de ser propietario de su casa, sin que hagan falta los políticos que compren nuestros votos por una vivienda, un plan social, o un “choripan”.

Cuando el pueblo todo, comprenda que el mayor de los males son nuestros políticos, que lo único que desean es llenarse los bolsillos, como lo han hecho sus predecesores y seguramente lo harán sus hijos, porque no es difícil darse cuenta que es un “negocio familiar", quizás esto vaya mejor.



Hasta que los argentinos digamos basta, no se producirá un cambio. Nos mienten, nos roban, nos condenan a nosotros que estamos tras los muros y a uds., los que están presos de sus ambiciones de poder y no dudan en mandarlos al matadero, en vez de buscar soluciones idóneas para paliar la angustiosa situación de nuestro país.
Pasaron 202 años desde la revolución de Mayo y aún estamos esperando por la libertad y la igualdad. No se puede creer que estamos siendo manejados por un puñado de personas que nos dirigen según sus propios antojos, sin pensar en nuestros abuelos a quienes roban su dinero en forma artera y desleal.  La suprema corte falla con el 82 por ciento móvil, ellos ignoran todo, se hacen los “pelotudos”, la “estiran” porque saben que los viejitos a la larga “morirán”. Esas personas capaces de hacer esto son nuestros políticos, que entregan computadoras con plata que deberían tener los jubilados para comprar sus medicamentos, bahh dinero que es de ellos y que en su adultez tendrían que disfrutar a su antojo. Esos mismos políticos que idiotizan a la gente y compran voluntades de los ignorantes con planes y fomentan la deserción escolar y la vagancia, porque nadie quiere trabajar y los pocos que lo desean no pueden hacerlo porque se abusan de ellos con los sueldos, contratos de tres meses, etc.

                               
Señores, la triste realidad, es que la República Argentina, es una GRAN FUNERARIA. Hasta tanto no tomemos conciencia que el saber y el trabajo, la familia y el respeto por uno mismo, por sus iguales, la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley constituyen "la piedra fundamental" de una sociedad con miras a ser fuerte y sólida, no seremos más que lo que somos: un país a la deriva que cada tanto da un golpe de timón que parece encaminarnos por la ruta adecuada, pero que en realidad sólo se da para ocultar un poco de las verdades tristes de nuestras miserias.


José Luis Lescano




5/8/12

Qué loco... re loco....

Vivencias carcelarias.

Análisis y debate entre compañeros estudiantes universitarios

Nos encontramos tomando unos mates con mis compañeros, en el centro de estudiantes, e ingresa al lugar un  amigo, para saber si le podíamos dar algún tipo de respuesta o ayuda, ante su problema judicial.

Luego de conversar decidimos analizar los puntos específicos de su planteo: dentro de estas instituciones penitenciarias los problema de salubridad son sumamente graves y mínimamente atendidos, conjuntamente con la falta de contención, apoyo psicológica y asistencia social,  alimentación cualitativa y cuantitativa, , derecho de tarea laboral, etc. 

La situación puede resultar confusa, ya que nos encontramos en una de las mas importantes instituciones del país, la cual estaría encargada de una correcta inclusión social conservando el derecho primordial de toda la humanidad, que es la vida.

Aunque en muchísimas oportunidades pudimos haberla quitado, no quita que aunque nos encontremos en este contexto dejemos de ser Seres Humanos, quitándonos nuestros derechos. Más allá, de  que todos piensen que este lugar está hecho para cumplir una función, la verdad es que no la realiza. Nuestro compañero nos viene a hablar de salud, pero para hablar de eso, necesariamente tenemos que ver TODA nuestra realidad, porque es todo un circulo.

Desde el año 2004 la provincia de Buenos Aires viene ejecutando políticas públicas en el ámbito del SPB bajo un estado de excepción. Esto significa -para que el ciudadano común lo entienda- que la contratación de los bienes y servicios que se vuelcan desde el erario público a las cárceles de la provincia de buenos aires sortea los controles de distintos organismos que tienen la función constitucional de ejercer ese papel.



En consecuencia, la propia administración, el ejecutivo, ha flexibilizado los controles y convertido a la contaduría general, tribunal de cuenta y fiscalía de estado, en breves organismos formales sin ejercicio de poder sustancial, a la par de la desarticulación de estos órganos de control de gestión, el poder judicial, básicamente a través del ministerio publico y fiscal, también ha seguido un derroteo similar de relajamiento de sus organismos y funciones.

Las falencias que hoy por hoy vivimos dentro de las cárceles (ni sanas ni limpias a pesar de lo que diga el artículo 18 de nuestra Carta Magna) en materia de salud son gravísimas. La falta de profesionales que han cumplido un juramento a la “Vida” la falta de medicamento, las falta de los insumos,  la falta de atención médica, etc. son una realidad.

“Analizando entre compañeros” los temas que venimos abarcando, otro de los puntos que nos pareció “RE LOCO” es el tema de las sanciones administrativas y castigos varios que padecemos día a día los internos dentro de las cárceles.

Estas sanciones no son sólo “disciplinarias” sino una manera de señalar al “REO” en forma más agresiva. Si un dueño  tiene una mascota atada en el fondo de la casa, sin comer, sin darle agua de beber, sin atender, puede que cuando el dueño de la mascota se acerque, lo muerda por la falta de todo esto.

Mantener a una persona dentro de una celda aislada por semanas y meses, es algo que repercute fuertemente en la persona  allí alojada. ¿Cómo vivir en un rectángulo de de dos metros y medios por tres de largo? 

Los mismos encargados de estos pabellones presentan una actitud perversa y negativa para poder remediar el problema del preso cuando ya se encuentra sancionado, o aislado de la población.



Por otro lado, vivir en los pabellones “de conducta” también es algo digno de sobrellevar. Los encierros en los horarios picos y/o los recuentos de la población, en varias oportunidades causan problemas que no les permiten a los presos desarrollar  con normalidad sus actividades, cocinar, alimentarse, higienizarse, entre otras cosas, y que deriva en  una actitud negativa en el detenido alojado.

Todo eso basta para formar una persona “mala”, consecuencia del mismo “sistema penitenciario”. El encierro nunca es bueno para una persona. Como dice el padre de la sociología Augusto Comte “el hombre es un ser social y no puede vivir  en situación  encierro aislado , porque su naturaleza es ser un ser sociable”.

Vivir en estas condiciones un par de semanas y/o meses dentro de un rectángulo en lo más mínimo permite “mejorar nuestra conducta”, entonces imaginemos lo que sucede si el encierro se prolonga durante años: depresión emocional, dificultades para volver al medio abierto, dificultades para incorporarse al núcleo familiar, marginalidad crónica y como muy probable resultado de todo esto: reincidencia. Y todo por culpa de la propia cárcel.  Qué loco, re loco.          
                                                                  


Volviendo al contexto de encierro nos damos cuenta que dentro de estas falencias de las que ya hemos hablado, está también el impedimento de poder realizar una actividad laboral, sin razón alguna o el impedimento para estudiar o gozar de una salida transitoria o libertad condicional. Siempre todo termina en una interpretación de los señores jueces de la justicia.

A su vez también terminamos siendo víctimas de este contexto de encierro carcelario, con respecto a los pedidos de audiencias con el procurador general de la unidad. Personaje, que no hace falta decirlo, brilla por su ausencia; y quien termina realizando los pedidos de comparendo y/o algún pedido administrativo es el mismo preso acompañado por los familiares que nos vienen a visitar o algún compañero.

El sistema carcelario actual, como ya lo dijera, viola los principios establecidos por el articulo 18 de nuestra carta magna y los pactos internacionales reconocidos por el articulo 75 inciso 22 de la misma, toda vez que al proceder a privar de la libertad a una persona se la condena –ni más ni menos- que al abandono jurídico social con practicas denigrantes como la extorsión judicial aplicada por el señor magistrado y miembros del ministerio publico, quienes en su afán de responder al poder político de turno lo único que buscan es una condena.

No les interesa el problema real que pueda traer a una persona a esta situación (una pena de muerte encubierta). Por eso las cárceles no sirven para una correcta inclusión social, sino por el contrario resultan parte del aparato represivo que excluye a una parte de la sociedad que no ha contado con las mismas oportunidades de educación, formación y capacitación laboral que el resto de la sociedad. Esto continuará. Qué loco.

Gerardo Carrizo



11/7/12

En contra de la cárcel, desde adentro de la cárcel

Experiencia única en el marco del 1° Congreso de Salud Mental, Cárceles y Drogas, co-organizado por el Espacio Locos, Tumberos y Faloperos (LTF) y el Centro de Estudiantes de la U.31. de Florencio Varela



A veces no es suficiente decir lo que se piensa. A veces también importa el lugar exacto que se elige para hacerlo. Las palabras valen el doble, si decirlas supone riesgos y la dignidad es lo que está en juego. Hablar en contra de la cárcel y el sistema penal adentro de un establecimiento penitenciario no es para nada fácil.

Los presos del centro de estudiantes de la U.31 y los integrantes del Espacio LTF, demostraron valentía, haciendo efectivamente lo que venían anunciando hace varias semanas: “decirle al sistema, en su propia cara, lo inmunda que resulta su existencia”. Orgullosos del trabajo que vienen haciendo juntos desde hace más de tres meses, el 1° Congreso de Salud Mental, Cárceles y Drogas, titulado “La implementación de políticas sociales sustitutivas del encierro, como alternativa materialmente posible”, fue la mejor carta de presentación para ambos colectivos.


Durante más de seis horas y en una jornada que seguramente va a ser recordada durante mucho tiempo, dos paneles de especialistas, focalizaron su recorrido en cuestionar en forma radical diferentes variantes de encierro. Convencidos del denominador común que atraviesa a las llamadas instituciones totales -además de la cárcel- también hubo lugar para combatir el manicomio, la comunidad terapéutica y hasta los geriátricos.

La apertura del Congreso estuvo a cargo del Presidente del Centro de Estudiantes, Gerardo Carrizo. “Estamos cansados de palabras. Queremos que las palabras se transformen en hechos”, afirmó contundente, incitando a sus propios compañeros a mirar un poco más allá de sus realidades individuales, atreviéndose a cuestionar estructuralmente el sistema penal que día a día, con el pretexto de “reinsertarlos socialmente” no hace más que poner trabas en sus desarrollos personales y colectivos. “No venimos a decir que somos inocentes. Somos realistas, pero si de algo estoy seguro es que este no es el camino ideal para solucionar ninguna problemática.”, completó conmocionado, orgulloso de su rol de líder y “cara visible” del espacio que preside.


Acto seguido tomó la palabra Maximiliano Postay. En su calidad de Coordinador General de LTF, el abogado abolicionista recibió a los presentes afirmando estar “especialmente orgulloso”.  “Ustedes no vinieron engañados. Vinieron a un congreso abolicionista, organizado por abolicionistas”, destacó con entusiasmo; y a su vez agregó: “vivir sin encierro no es una utopía, es materialmente posible. Tenemos que seguir el ejemplo de la ley nacional de salud mental, que plantea la prohibición de construir nuevos manicomios en la Argentina. Ojalá alguna vez logremos que desde el poder político baje la orden de tampoco construir nuevas cárceles”.

Luis Mocchi Chávez, estudiante de derecho, preso hace varios años, haciendo las veces de maestro de ceremonia, presentó uno por uno a los integrante del primer panel convocado. Leonardo Gorbacz, ex diputado nacional y autor de la ley nacional de salud mental N° 26.657, como primer expositor, destacó la mirada transversal planteada por LTF, desarrolló el proceso de transformación cultural que supone el cambio de paradigma propuesto por la norma por él diseñada, afirmando que “la sanción de la ley es apenas un paso” y que la militancia desmanicomliazadora debe multiplicar sus esfuerzos, y no conformarse con lo hasta ahora conseguido.



En segundo lugar tomó la palabra Alberto Calabrese. El prestigioso sociólogo fue contundente. Sus palabras giraron en todo momento a repudiar el paradigma prohibicionista de “guerra contra las drogas” impulsado por los Estados Unidos, hace apenas algunas décadas. También tuvo lugar para referirse a la discusión política actual en torno a la despenalización del consumo y la tenencia de estupefacientes. A propósito de ello afirmó: “Acompañamos la iniciativa de la despenalización, pero consideramos que eso es apenas un paso. La problemática de fondo recién ha de solucionarse cuando las drogas sean legalizadas”.

Finalmente Santiago Gómez, psicoanalista y periodista de la Revista Hamartia, realizó un interesante recorrido histórico del rol del “poder médico” en el aparato represivo. Con citas de Foucault, Zaffaroni y el “poeta tumbero” Camilo Blajaquis, provocó a los asistentes,  ridiculizando el rol de la mayoría de los psicólogos en el seno de las instituciones de encierro.



Luego de ello, lo más interesante. Durante casi una hora se debatió en forma ininterrumpida. Penitenciarios, abogados, ex internos de salud mental, presos de diferentes unidades del conurbano bonaerense y estudiantes no universitarios también privados de su libertad, no se callaron nada. Tensión e intercambio respetuoso (pero muy apasionado) caracterizaron cada una de las intervenciones de los asistentes al evento.

Durante unos minutos, hubo tiempo para la recreación y las relaciones públicas. Aprovechando la excelente organización realizada por los presos del pabellón de estudiantes universitarios, los invitados gozaron de una recepción que sorprendió a varios. Uno de los que más destacó la atención brindada fue el propio Gorbacz. El ex diputado, acostumbrado a ser agasajado en múltiples eventos en diferentes puntos del país afirmó que la calidad de la organización y el buen trato proporcionado por los “dueños de casa” lo harían multiplicar su nivel de exigencia, a la hora de participar en nuevas jornadas, incluso en el medio abierto.



A las 15 hs., el segundo panel generaría las máximas emociones. Hablar de cárceles específicamente motivó la participación de cada uno de los presos presentes. Su voz pudo escucharse más que nunca. Las intervenciones de los miembros de LTF Sebastián Cabezas y el citado Postay y la ponencia de Florencia Pérez Lalli en representación de GESEC, fueron la excusa perfecta para horizontalizar el intercambio. 

El primero en exponer fue Cabezas. Para él la verdadera violencia no la generan los delitos, como conductas individuales sino las propias estructuras institucionales, en especial la cárcel; recordando la clásica clasificación de “violencias” formulada hace algunas décadas por el sociólogo noruego Galtung, su conclusión generó potentes repercusiones.



En segundo lugar, Postay se encargó de “hablar de militante a militantes”. Propuso fijar como piso de discusión la oposición radical frente al sistema y en base a eso enunció progresivamente el porqué de su vocación abolicionista y las razones por las cuáles no adhiere a otro tipo de militancias. Durante más de treinta minutos afirmó no conformarse con mejorar condiciones carcelarias o reivindicar derechos individuales, ni tampoco con posturas como el derecho penal mínimo o el garantismo, doctrinas que -para él- suponen una peligrosa puerta de acceso hacia una suerte de “bastión de resistencia” del poder punitivo en su afán inercial de desarrollo. “Al sistema penal no hay que discutirlo con tibieza. En este punto ser abolicionista resulta la opción más atractiva”.

No obstante planteó la necesidad de redefinir táctica y estratégicamente el abolicionismo penal hasta ahora desarrollado, afirmando que “con lo realizado hasta el momento por los autores noruegos y holandeses habitualmente citados (Hulsman, Mathiesen y Christie)” la consolidación del abolicionismo penal como teoría y praxis a considerar seriamente por el poder político, es inviable.



En última instancia Pérez Lalli, destacó el rol de la educación intra muros como mecanismo de superación de adversidades y enfatizó el proceso de “resignificación de militancias” que dentro de la propia institución que integra están viviendo. “Nos dimos cuenta que no es suficiente luchar por un derecho en particular, sino tener una mirada más estructural de la cuestión”. Dicho replanteamiento lo atribuyó en parte a la militancia que en ese sentido viene haciendo desde hace algunos meses el Espacio LTF.

Una hora más tarde, relajados y relegando todo tipo de prejuicios, las voces multiplicaron su fuerza. No quedó casi nadie sin hablar. Lo que empezó siendo un mero intercambio académico, devino voluntariamente en reunión asamblearia. Decenas de personas de múltiples procedencias dándose ánimo, garantizándose apoyos futuros y elogiando la celebración de tan particular Congreso. Desde la Unidad 12 de la Ciudad de La Plata, se propuso la realización de una actividad parecida. También se interesaron desde la U.24 de Florencio Varela.



A eso de las 17:30 hs. cuando el evento llegaba a su fin, una sensación sobrevolaba el ambiente. “Algo” estaba ocurriendo. Y ese “algo” era absolutamente motivador. No hubo conclusiones y las palabras de cierre se limitaron a un mero “gracias”. ¿Cómo concluir algo que apenas empieza? En contra de la cárcel, desde adentro de la cárcel. El abolicionismo volvió para quedarse.
(Nota originalmente publicada durante la segunda quincena del mes de junio por la Agencia Walsh y Todo Provincial)