1/6/12

Preso, loco y discriminado


Una realidad avalada desde la normativa vigente
(Texto publicado entre los días 25 y 27 de mayo de 2012 por Rebelión, Kaos en la Red, Agencia Walsh, Nova, entre otros)

No obstante mi posición abolicionista de la cárcel y el sistema penal en todas sus formas, en esta oportunidad he decidido evitar la realización de cuestionamientos generales, para avocarme exclusivamente a denunciar en ajustada síntesis la discriminación fáctica –avalada normativamente- que sufre, dentro del paisaje total de la población penitenciaria,  el colectivo –harto minoritario- de los presos con algún padecimiento emparentado a su salud mental en el ámbito específico del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Dos normas son las que en particular llaman mi atención: el Artículo 68 del ANEXO I del Decreto N° 1136/97 y el Artículo 73 del Anexo I del Decreto N° 396/99 (ambas reglamentarias de la ley de ejecución penal N° 24.660).

A partir de lo consagrado en la primera de ellas, los presos con padecimientos mentales –a diferencia del resto de la población carcelaria- no tienen derecho a recibir la visita sexual de sus parejas. ¿Por qué motivo? Por ser peligrosos. Aunque suene anacrónico este es el principal y único fundamento de la medida. Un preso, que además de haber participado en un hecho delictivo, presenta patologías mentales es –para los responsables del servicio penitenciario y los autores de la legislación citada- un individuo demasiado “temerario” como para ser expuesto a situaciones límites tales como el acto sexual.  Afirman que dicha convulsión hormonal podría ir en contra de los objetivos de su tratamiento y que la integridad física y emocional de la pareja en cuestión también correría serios riesgos.

A propósito de esto caben tres observaciones: a) En diciembre de 2010 fue sancionada la ley nacional N° 26.657, a través de la cual el discurso de la peligrosidad del enfermo mental quedó absolutamente desechado.[1] La salud mental debe entenderse –conforme el párrafo primero de su artículo tercero- “como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos”, dando lugar a que el enfermo mental deje de ser visto como un sujeto “anormal”, para pasar a ser comprendido en su singularidad y contexto bajo el triple estandarte de: derechos humanos, inclusión social y participación comunitaria; b) Si bien es cierto que en algunos casos extremos se acredita lo mencionado en torno a las posibles consecuencias nocivas que el acto sexual puede ocasionar tanto en el enfermo como en su acompañante, la realidad empírica indica que esto es la excepción y no la regla. La tajante redacción del artículo puesto crisis sugiere falazmente lo contrario; c) El sexo es un derecho y una necesidad fisiológica. Su censura o prohibición en la cárcel promueve casos de abuso sexual intramuros, convivencia hostil, desesperación, ansiedad e inestabilidad emocional.



Por su parte la segunda norma referida determina que los “presos locos” – también a diferencia de lo que ocurre con sus pares “cuerdos”- no tendrán derecho a recibir calificación de “conducta” y “concepto” por parte de un gabinete criminológico creado a tal fin, y en consecuencia no podrán gozar de los mal llamados “beneficios” de la progresividad del regimen penitenciario en cada una de sus diferentes etapas (observación, tratamiento y prueba).

Sin ánimos de justificar –bajo ningún punto de vista- la progresividad del sistema penal y su perversa lógica de premios y castigos, cuyo único propósito es realzar la individualidad de los internos en detrimento de cualquier ademán de construcción colectiva, la realidad indica que la diferenciación avalada por el referenciado artículo 73, genera como consecuencia directa de su implementación la imposibilidad que los presos con problemas psiquiátricos no declarados inimputables (para los que aún rige el sistema de “medidas de seguridad”, del artículo 34, inciso 1, del Código Penal) puedan tramitar, por ejemplo, la obtención de salidas transitorias una vez cumplidos los requisitos exigidos a tal efecto.

Sin eufemismo alguno, el correlato fáctico es el siguiente: mientras un “preso cuerdo”, una vez cumplida la mitad de su condena tiene frente a sí mismo la posibilidad latente de volver al medio abierto, el “preso loco” -en equivalente situación-  tiene que sentarse, colmarse de paciencia y esperar –con suerte- estar próximo a cumplir las 2/3 partes de su sanción privativa de la libertad, para así poder empezar a gestionar su egreso condicional.



Las arbitrariedades saltan a la vista. Modificar este marco normativo gestado en los noventa durante la presidencia de Carlos Saúl Menem no es para nada complejo y acorde el nuevo escenario “post ley nacional de salud mental”, avalado expresamente por Cristina Fernández de Kirchner, deviene casi una obligación. Al tratarse de meros decretos, no es necesario siquiera recurrir a la voz de los legisladores nacionales. Resulta suficiente la redacción de un nuevo decreto por parte del Poder Ejecutivo, esta vez derogando expresamente la normativa cuestionada, así como también todas las resoluciones administrativas que respondan a su lógica.

Desde el punto de vista edilicio sólo se requeriría una pequeña inversión por parte del SPF, a los fines que las unidades destinadas a la población reclusa con problemas mentales –instaladas en Ezeiza desde agosto de 2011-, adapten su infraestructura, incorporando habitaciones para consumar las visitas sexuales y gabinetes criminológicos con personal idóneo a cargo.


Poner un punto final inmediato a la discriminación padecida por este reducido grupo de personas es, de acuerdo a lo expresado, absolutamente posible.


Maximiliano Postay 





A los fines de conocer la propuesta del Espacio Locos, Tumberos y Faloperos (LTF) para resolver el estado de situación denunciado, véase:








[1] Sustituido por la categoría “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, harto cuestionable por su latente ambigüedad y totalmente perfectible, pero con la cual el legislador intenta dejar sentado expresamente que el factor primordial a tener en cuenta a la hora de decidir la procedencia o no de una internación involuntaria no es el sujeto, sino la conducta –real o potencial- analizada objetivamente, por él llevada adelante.

4 comentarios:

  1. Maxi: cómo andás? te cuento que mientras resistimos los cambios en PRISMA, en la parte de mujeres, con todas las dificultades que vos viste, pudimos avanzar muchísimo, aunque eso era poco en relación a lo que las mujeres detenidas allí necesitaban. Con relación a la visitas íntimas, habíamos logrados avances en ese sentido, al menos hasta antes que nos rajaran y entregaran tratamiento a la gente de justicia (los que manejaban la parte de hombres). Mientras la gente de la DNSMyA estuvo a cargo del tratamiento de las mujeres, disminuyó sensiblemente el maltrato, los inyectables y la violencia. Todo eso fue posible gracias a la humanización del trato con que nos comprometimos cuando fuimos a trabajar allí, un fundamentalismo del buentrato como factor de recupración de salud mental.
    Lamentablemente las autoridades de la DNSMyA y del Min. de JUs y DDHH están destruyendo PRISMA, Salud solo se quedo con el área de inclusión social, pero diezmada de personal.

    Muy buena la propuesta
    Un abrazo,


    Silvio

    ResponderEliminar
  2. Una lástima lo que me contás y gracias por el comentario. Sigamos en contacto, a ver si en conjunto podemos sacar las cosas adelante, abrazo grande!

    ResponderEliminar
  3. silvia jacobi2/6/12 13:46

    En referencia a la implementación de lo aceptado y que rige por ley acorde a la legislación de la ley de salud mental los costos no son de infraestructura sino estructurales. Si bien se ha promulgado la ley de salud mental no se han constituído aquellos organismos que regulen la cumplimentación de dicha ley. Y la justicia, bien gracias,pasa a ser tal cual consta como es de costumbre solo una expresión de deseos dentro de la jurisprudencia argentina: "será Justicia". Como debemos interpretar esto? Tal vez en el "futuro" se respete que un diagóstico no es invariable y que una patología mental al igual que cualquier otra no es invariable. Pero claro que si hoy te diagnotizan que padeces cáncer esa situación puede variar, pero si te diagnotizan que sos esquizofrenico no es lo mismo.Siempre serás! Y los beneficios del cáncer para la salud en términos institucionales y jurídicos es que finalmente mueras y entonces la ley entonces no yerra por defecto.
    Si te diagnostican cánser ( doy fé, mi vieja murió de)la ley te ampara para que recibas los medicamentos y tratamientos pertinentes claro que no sin transitar por los padecimientos burocráticos para ello.
    Pero si de salud mental mental hablamos creo que lo que se pone en cuestión es que presumiblemente vas a seguir viviendo y el prejuicio. El pre-juicio , anterior a todo juicio y razón . La anticipción a que la ley no yerre por defecto. Más vale que mueras a que no cuestiones.

    ResponderEliminar
  4. silvia jacobi2/6/12 14:07

    Fé de erratas: cáncer se escribe con "c". Y donde se lee "más bien mueras a que no cuestiones" debe leerse " más bien mueras a que cuestiones". Silvia

    ResponderEliminar