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10/6/12

"No a la construcción de nuevas cárceles"

Documento presentado conjuntamente por las agrupaciones Locos, Tumberos y Faloperos (LTF), La Mella, Comunicación por la Libertad (CXL) y Atrapamuros, en el marco del 4° Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, el Sábado 9 de Junio de 2012, en Rosario, Santa Fé, República Argentina.


Trabajo en Cárceles: Nuestra acción, adentro y afuera:

I.
Violaciones sistemáticas a los derechos humanos, muertes diarias invisibilizadas por la opinión pública, terrorismo de estado en democracia, corrupción estructural, negocio millonario para pocos, discriminación, racismo, esclavitud racionalizada, multiplicación de desigualdades extramuros y caldo de cultivo del conflicto social que en teoría pretende atemperar.
La cárcel no es más ni menos que eso.
En la Argentina hay aproximadamente 65 mil personas privadas de su libertad por el Estado, de las cuales casi el 70% son procesados, es decir inocentes.
La sobrepoblación alcanza el 80%, lo que significa que las cárceles argentinas albergan casi el doble de las personas que su capacidad edilicia les permite.
El número de personas encarceladas en las últimas décadas aumenta a un ritmo 9 veces mayor que la población general.
Este crecimiento –vale decirlo- no guarda relación alguna con la frecuencia delictual, sino que depende estrictamente de políticas estatales premeditadas, diseñadas por potencias foráneas, a base de prácticas como la “mano dura” o la “tolerancia cero” y/o teorías tales como el “actuarialismo” o el “derecho penal del enemigo”, en boga principalmente después de la caída de las Torres Gemelas, en Nueva York,  el 11 de septiembre de 2001.

II.

El sistema penitenciario suele ser un negocio sumamente rentable para quienes lo comandan (autoridades políticas, directores de unidades y complejos. y en menor medida los guardias de los servicios penitenciarios).
La comida, el trabajo y la salud de las personas presas se convierten en un “negociado de malversaciones” en el que los funcionarios embolsan –en beneficio propio- los recursos que el Estado provee –teóricamente- para garantizar la dignidad de las personas encerradas.
Las drogas, los celulares, las celdas vip y demás beneficios adentro de una cárcel están sumamente cotizados.
Pequeños “kioscos” administrados conjuntamente por presos y penitenciarios, en connivencia con autoridades de mayor rango, contribuyen a que la estadía en la cárcel, sea una verdadera carrera de supervivencia, en el que “todo vale”, con tal de superar las dificultades naturales que impone esta jaula miserable. 
La lógica de premios y castigos avalada expresamente por la normativa vigente, no hace más que realzar la individualidad de cada una de las personas privadas de su libertad, en detrimento de cualquier actividad llevada adelante en conjunto.
Sin embargo, a través de una lucha constante y larga, dentro y fuera de los muros, hoy existen numerosos centros de estudiantes (Penal de Devoto, Ezeiza mujeres y varones, Unidad 48 de San Martín, Unidad 31 de Florencio Varela, etc.), encuentros inter-carcelarios y reclamos conjuntos; clara muestra que la organización entre los internos no es una utopía, sino, una realidad.
Lo dicho no puede tomarse como algo normal, no hay que acostumbrarse. Que la organización crezca día a día y de distintas formas es completamente posible.
 
 
III.

En lo que va del año, en el complejo penitenciario de José León Suarez en la Provincia de Buenos Aires, murieron 5 personas.
Patricio Barrios Cisneros fue asesinado a golpes por diez guardias penitenciarios delante de su mujer embarazada. Le saltaron en el pecho hasta matarlo.
¿La razón? Su hermano había denunciado que los guardias penitenciarios lo sacaban a robar para ellos. La versión oficial del servicio fue que se había golpeado contra las rejas auto-lesionándose hasta morir.
El fiscal estaba presto a aceptar esta versión, pero más de diez testigos presenciaron el hecho y declararon, por lo que los penitenciarios imputados terminaron dándose a la fuga, con la ayuda de sus colegas y el “visto bueno” de la fiscalía que a las dos semanas de los hechos todavía no había pedido la captura internacional.
Lo dicho es sólo un ejemplo de la impunidad con que se manejan los guardias y directores de los servicios penitenciarios, corroborando completamente lo que hasta ahora venimos denunciando.  
En la provincia de Buenos Aires no hay un solo guardia condenado por torturas o por homicidio. Los fiscales y los jueces avalan las prácticas en lugar de denunciarlas y condenarlas.
La política de derechos humanos no parece alcanzar a los penales. Por el contrario, el manejo penitenciario se asemeja ostensiblemente al de los campos de concentración.

IV.

Mientras tanto, los gobiernos nada hacen para cambiar el rumbo de los acontecimientos o lo que intentan hacer no va en la orientación que nosotros consideramos correcta.
De nada sirve trasladar un penal de una ciudad a otra, como se pretende realizar con la cárcel de Devoto (sólo a los fines de salvaguardar los intereses clasistas de los vecinos de uno de los barrios más adinerados de la Ciudad de Buenos Aires) ni –mucho menos- construir nuevas unidades, como las que se están edificando en Mendoza o en el Noroeste argentino (ambas, verdaderos “monstruos arquitectónicos”).
Por el contrario, consideramos de vital importancia, que las autoridades decreten formalmente la prohibición de construir nuevas cárceles y la necesidad de abordar la problemática social denominada “delito”, desde mecanismos de regulación de conflictos más eficaces. 
Idéntico criterio, asumió la hoy vigente ley nacional de salud mental, N° 26.657, con los manicomios –primos hermanos de la cárcel- y el resultado hasta ahora es satisfactorio.
Su artículo 27 expresa con contundencia que “Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes públicos o privados”. 
No estaría mal seguir este ejemplo.
La cárcel (y no sólo su realidad), nos indigna y moviliza. Especialmente que aún se sostenga desde el discurso dominante que de esta manera se “soluciona algún conflicto”, “se combate la inseguridad” o se “resocializa” a los que pasan por sus celdas.
Mejorar las condiciones de encierro y reivindicar el legitimo ejercicio de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad es una necesidad inmediata, insoslayable, de vida o muerte, pero también lo es luchar en forma organizada para erradicar progresivamente el campo operativo de esta estructura demencial, enfatizando que su eventual abolición no es una mera utopía sino una construcción político-cultural, que no obstante sonar hoy lejana, debe de una vez por todas, iniciar su camino.
De nosotros depende asumir la responsabilidad de dar los primeros pasos en esta dirección.


ATRAPAMUROS – COMUNICACIÓN X LA LIBERTAD (CXL)

LA MELLA – LOCOS, TUMBEROS Y FALOPEROS (LTF)


5/3/12

Adhesión LTF

DOCUMENTO

CIUDAD DE BUENOS AIRES: LA SALUD MENTAL VULNERADA

La atención de la Salud Mental, en el sistema público estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está sufriendo un grave proceso de deterioro y destrucción, en cuanto a su concepción y su funcionamiento. El gobierno de la ciudad, responsable de la política en el área, emitió apenas comenzado el año y muy sigilosamente la Resolución N°52/12, por la cual se llama a licitación pública para la contratación del “Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social”.

Este acto de gobierno, por el cual se derivan dineros públicos hacia el sector privado, contradice de forma sumamente lesiva, los lineamientos expresados por la Constitución de la Ciudad, la Ley N°448 de Salud Mental y la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657. El marco legal es sumamente claro en cuanto a la imprescindible transformación del actual modelo de atención en Salud Mental, estableciendo para ello, la creación y apertura de dispositivos para la atención, rehabilitación y reinserción social de las personas con padecimientos mentales. Así mismo, se establece que la internación de pacientes, debe ser considerada “como una modalidad de atención, aplicable cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios”.

También según las leyes, se establece que las problemáticas de salud mental deben ser tratadas desde la perspectiva interdisciplinaria, considerando el aporte de la multiplicidad de prácticas y saberes del campo de referencia. Esta Resolución, no sólo contradice la legalidad, sino que hace gala de un anacronismo evidenciado por la historia y la realidad, al clasificar a los pacientes meramente como “psiquiátricos”. Los resultados devenidos por la acción de una “omnidisciplina”, perpetúa el modelo asilar – manicomial, y en base a ello resulta perjudicial y retrógrado intentar subordinar a la Salud Mental, desde una visión de “modelo médico hegemónico”.

Este accionar del gobierno del Ing. Macri, no se reduce a la transgresión generada desde la mencionada Resolución, sino que apunta y se complementa también, con el cierre y desfinanciamiento de diversos dispositivos de atención existentes, tales como el P.A.C. (Programa de Atención Comunitaria para niños/as y adolescentes), dependiente del Centro de Salud Mental N°1 “Hugo Rosarios”.

La Resolución N°52 permite visualizar el doble perjuicio que se genera: en primer lugar, porque atenta contra la atención de la población, contrariando lo que expresa la Constitución de la Ciudad, según la cual debe concretarse un proceso de “desinstitucionalización progresiva”, creando una red de servicios y protección social y garantizando su atención en los establecimientos estatales. Así, no sólo se priva de los recursos necesarios para la creación de los dispositivos, sino que también se desatiende lo existente, con graves consecuencias. Por otro lado, se intenta “tercerizar” la atención, derivando hacia clínicas privadas, sosteniendo la “internación prolongada” como modalidad asilar-manicomial. La Constitución de la Ciudad expresa que “no se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector…”. En el marco de este accionar, debe recordarse que este mismo gobierno ya lo ejecutó con la atención de las adicciones (sustrayendo la pertinencia de las mismas al área de salud mental y delegando la atención en instituciones privadas). Esto, sin eufemismos, implica la privatización del sistema de salud mental.

No podemos dejar de asociar a este estado de situación que, hace pocos días, el propio Macri presentó el megaproyecto inmobiliario denominado “Centro Cívico”, y que en un primer paso licitará la construcción de un edificio donde se albergarán la Jefatura de Gobierno y varios ministerios a un costo inicial de $ 280 millones, justamente en terrenos del Hospital Borda y el ex Hospital Rawson. A pesar del hermetismo, es indudable al observar los proyectos ganadores del concurso, que avanzará hacia los terrenos de los otros hospitales de salud mental lindantes. Pese a la evidencia, en ningún momento se ha hecho público cómo ha de resolverse la situación de las aproximadamente 1.700 personas internadas en los hospitales monovalentes Borda, Moyano y Tobar García, respetando lo establecido taxativamente por las leyes vigentes. Cabe consignar como dato reciente, que las topadoras han comenzado a demoler instalaciones, entre las que se encuentra el “Taller Pan del Borda”, sin aviso ni explicación.

Este avasallamiento del ejecutivo porteño, demuestra que su interés es satisfacer la avidez por proyectos inmobiliarios a gran escala, de los cuales participan conocidas empresas constructoras. La Resolución N°52 anticipa el escenario que se proyecta. El accionar del gobierno sustituye la prioridad de la transformación de la salud mental (que lleva doce años de postergación), por los beneficios de “progreso” que presentará para la población este megaproyecto para la zona Sur.

Estamos ante una emergencia que, por su gravedad, requiere de una respuesta inmediata a estos desatinos del Gobierno de la Ciudad, que también desnuda complicidades y llamativos silencios corporativos. En un espacio intersectorial e interinstitucional hemos confluido un conjunto de actores, vinculados y preocupados por este presente contradictorio para con los objetivos establecidos para la salud mental de la ciudad, ante la imperiosa necesidad de actuar partiendo desde dos ejes: la movilización de la comunidad, los pacientes y sus familiares y los trabajadores del sistema y, en otro plano, la defensa de la legalidad, mediante presentaciones ante la Justicia.

Sin más dilaciones, el Gobierno de la Ciudad debe cumplir con las leyes que propician los cambios para la Salud Mental y, en base a ello, exigimos la inmediata asignación de los recursos para instituir la apertura de camas de internación en hospitales generales, casas de medio camino, hospitales de día, residencias protegidas, emprendimientos sociales y el conjunto de dispositivos establecidos en el Art. 14° de la Ley 448. El proceso de desinstitucionalización que propicia el conjunto de leyes vigentes no admite especulaciones ni engaños: defender el hospital público no es defender los “manicomios” o instituciones asilares.

En virtud de lo expuesto es que las organizaciones profesionales, sociales y representantes políticos abajo firmantes convocamos a sumarse a esta lucha ligada a los derechos de la población, para contar con un sistema de salud mental digno y eficaz, del cual son también tributarios sus trabajadores.

Desde esta convocatoria amplia y plural, apoyaremos las presentaciones ante la Justicia, el consenso para establecer una gran movilización hacia la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en fecha próxima a determinar y todas las acciones que resulten pertinentes para el efectivo cumplimiento de las leyes de Salud Mental.
                                                                                                                                                                                                                             
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.


OTRAS ADHESIONES:

MESA PERMANENTE INTERSECTORIAL DE SALUD MENTAL
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SALUD MENTAL
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ALVEAR
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ALVAREZ
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 “AMEGHINO” DIPUTADA MARIA ELENA NADDEO – LEGISLATURA C.A.B.A.
DIPUTADO JORGE SELSER
DIPUTADA SUSANA RINALDI    
DIPUTADA VIRGINIA GONZALEZ GASS            

LEONARDO GORBACZ – DIPUTADO NACIONAL (MC) – AUTOR LEY  26.657
FORO DE INSTITUCIONES DE PROFESIONALES EN SALUD MENTAL - CABA –
COLECTIVO 448 DE SALUD MENTAL
ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS DEL GOB. CIUDAD AUT. DE BS.AS. – APGCABA -
FRENTE DE ARTISTAS DEL BORDA
RED ARGENTINA DE ARTE Y SALUD MENTAL
CÁTEDRA LIBRE DE SALUD Y DERECHOS HUMANOS – FACULTAD DE MEDICINA - UBA –
FORO DE INSTITUCIONES DE PROFESIONALES EN SALUD MENTAL - CABA – INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:
- ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS DEL GOB. CIUDAD AUT. DE BS.AS.
- ASOCIACION DE PSICÓLOGOS DE BUENOS AIRES
- ASOC. ARG. DE PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
- ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TERAPIA COGNITIVA
- ASOCIACIÓN COLEGIO DE PSICOANALISTAS
- ASOCIACIÓN SISTÉMICA DE BUENOS AIRES
- ASOCIACIÓN ESCUELA ARGENTINA DE PSICOTERAPIA PARA GRADUADOS
- ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA ARGENTINA
- ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE BUENOS AIRES
- ASOCIACIÓN GESTÁLTICA DE BUENOS AIRES 
- ATENEO PSICOANALÍTICO
- ATICO COOPERATIVA DE TRABAJO EN SALUD MENTAL
- CENTRO ORO
- FUNDACIÓN CIAP – CENTRO DE INVESTIG. Y ASESORAMIENTO EN PSICOLOGÍA
- ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA DE GRUPO
ASOCIACIÓN DE SALUD DE LOS ARGENTINOS – ASPA – JORGE RACHID –
ASOCIACIÓN CIVIL PROFESIONALES LATINOAMERICANOS CONTRA EL ABUSO DE PODER
FRENTE DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE LA KBA – NORA CAPPELLETTI –
MOVIMIENTO DE JÓVENES MILITANTANTES POR LA LEY NACIONAL 26.657 DE SALUD MENTAL
CASA SOCIAL DE BOEDO – INTEGRANTE COMISIÓN DE SALUD DEL FPV - COMUNA 5 –


ADHESIONES: saludmentalaeb@fibertel.com.ar