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10/11/13

Cada vez falta menos...


Contra-Congreso de No Derecho Penal

21 y 22 de noviembre de 2013

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (pero del lado de afuera, en la plaza al costado de la entrada lateral)

Actividad Horizontal, Abierta, Gratuita y al Aire Libre


CRONOGRAMA

DÍA 1

Jueves 21 de noviembre

16:30 hs.

Presentación a cargo de los organizadores
¿Por qué hacer un contra-congreso? ¿Por qué de “no derecho penal”?

17 hs.

Conversación N° 1

Mujeres y Sistema Penal. Pasado, presente y futuro de una relación atravesada por la lógica del patriarcado.

18:30 hs.

Conversación N° 2

Sistema penal y medios de comunicación. Experiencias, ideas y herramientas para contrarrestar la hegemonía punitiva.

20 hs.

Conversación N° 3

El abolicionismo penal como política pública posible.  Realismo no punitivo e intervención práctica.   

DÍA 2

Viernes 22 de noviembre

17 hs.

Conversación N° 4

Adolescentes, “pibes chorros” y demagogia punitiva. Propuestas de abordaje para más inclusión y menos encierro.

18:30 hs.

Conversación N° 5

Militancia y organización intramuros. Tácticas y estrategias de resistencia frente a la cárcel y el encierro en todas sus variantes

Conversación N° 6

El día después de la cárcel. Hipocresías y contradicciones del Estado. Entre el mito resocializador y la realidad del abandono 

                                                                                                   


DINÁMICA:

Intervenciones poéticas y separadores musicales en vivo a lo largo de toda la jornada

Desaparición total de las jerarquías discursivas.

Académicxs consagradxs, estudiantes universitarios y profesionales del derecho o disciplinas afines ocuparán idéntico lugar que militantes de base o personas que en carne propia hayan padecido alguna de las problemáticas abordadas.

Cada conversación estará coordinada por una persona designada a esos fines, cuya única misión será garantizar la circulación fluida de la palabra.

Cada conversación contará con invitadxs especiales, vinculados a la temática específica que pretenda abordarse.

Los invitados especiales no son “panelistas”. 
Sus intervenciones introductorias deberán ser breves y funcionar como meros disparadores de debates colectivos más amplios. 


6/11/13

ALPEC. Bronca, dolor, asco. Una foto, una oportunidad perdida


Por estas horas la Universidad Nacional de la Matanza asiste a un evento que huele a oportunidad perdida. A puñal. A golpe certero. Una vez más, como tantas otras veces el oscurantismo político preso de “sagradas coyunturas” le gana la pulseada a la verdadera vocación transformadora. La militancia se desvanece. Las convicciones ya no son determinantes. La demagogia destruye las ideas de fondo, las contamina. La demagogia reverencia la pobreza argumental y, sin más, retrocedemos casilleros a velocidades incuantificables.

Tenían absolutamente todo para barajar y dar de nuevo. Tenían consenso. Tenían apoyos. Tenían a los principales referentes latinoamericanos de la criminología y el derecho penal de su lado. Tenían vocación. Tenían voluntad. Tenían logística. Tenían recursos. Ganas de darle al pensamiento crítico de la región una impronta autóctona. Ganas de juntarse, de interactuar. Tenían la mística del pasado que regresa, el antecedente de la “criminología de la liberación”. Tenían futuro. Tenían coherencia. Tenían todo eso, pero ahora sólo tienen una foto con Ricardo Casal.

Estoy con muchísima bronca. Sin ganas de medir mis palabras. Hablo en caliente. No puedo hablar de esto en otros términos. Lo que sucedió hace pocos minutos en el Congreso organizado por ALPEC (Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología) me duele profundamente. No logro entenderlo. O sí. Pero entenderlo duele aún más que la incomprensión absoluta.

A veces soy demasiado ingenuo. A veces realmente creo que hay cuestiones que no se negocian. Y que si escribís/hablás/pensás de una manera, lo mínimo que podemos exigirte es que actúes en idénticos términos.

Son mis amigos. Mis compañeros. Mis referentes. Los siento cercanos, pero lo que hicieron es desastroso. Sumamente desagradable. ¿Por qué carajo se prestaron a compartir ni más ni menos que una apertura de un congreso -con semejante potencial- con un personaje tan nefasto como el actual Ministro de Justicia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires?

No todo debe mezclarse. No todo debe ensuciarse. No todo da lo mismo. La tolerancia cero, la represión, la mano dura, la exaltación de las políticas punitivas, la complicidad con la tortura y una infinidad de etcéteras que sin duda alguna acompañan -casi por inercia- la figura de Ricardo Casal, no pueden ocupar  los mismos espacios que, por ejemplo, el pensador que popularizó en la Argentina (y en toda la región) la teoría agnóstica del derecho, la criminología cautelar o la selectividad por vulnerabilidad del sistema penal.

¿Acaso se imaginan a Rudolph Giuliani sentado en la misma mesa con Loic Wacquant, a Margaret Thatcher dialogando de igual a igual con Louk Hulsman o Stanley Cohen o a Alessandro Baratta o Massimo Pavarini compartiendo escenarios con Silvio Berlusconi? ¿Y entonces? ¿En qué estaban pensando? ¿Por qué lo permitieron?

Con el Gobierno Nacional hay idas y venidas, contradicciones muy fuertes, pero filtraciones también destacables. Al Gobierno Nacional podremos discutirle infinidad de cosas, pero por lo menos hay cierto margen para el diálogo y la construcción de algún escenario superador en alguna que otra materia específica. Con Casal y cía. esto claramente no es posible.

No hace falta explicitar su currículum vitae o ensayar una mini biografía al estilo wikipedia. Con escuchar a los presos del sistema penitenciario bonaerense (y/o a sus familiares) y que ellos mismos te cuenten que significa Casal es más que suficiente.

Casal no es sólo un nombre. Casal es un concepto. 

No hay que ser un genio para saber que Ricardo Casal no tiene nada que ver con aquellos cuestionamientos que ALPEC pretende (o pretendía) poner sobre la mesa. Basta con escucharlo hablar algunos minutos, con poner su nombre en google, con meterse en la página web de su cartera de gobierno o con simplemente preguntar qué opinan sobre él las organizaciones de base que día a día caminan de punta a punta la Provincia de Buenos Aires. Insisto. No hay que ser un genio. Insisto ¿por qué carajo lo hicieron?

Me hubiera encantado estar discutiendo en este documento, pronunciamiento o carta abierta otras cuestiones también sumamente relevantes. Manifestar mi repudio por la no inclusión del abolicionismo penal como temática de referencia en los diferentes paneles de la actividad. Manifestar mi rechazo por el formato del congreso y por no abrir el juego a otros sectores que por fuera de la academia también tienen mucho para decir. Me hubiera encantado únicamente tener que decirles “tibios”, precisamente por no asumir estos riesgos o enunciar teórica y políticamente las falencias del agnosticismo zaffaroniano.

Me hubiera encantado estar discutiendo ideas. Tácticas y estrategias. Me hubiera gustado no sentir lo que siento. Bronca, dolor, asco. Muchísimo asco. Sí. Eso. Nada más.
Maximiliano Postay

3/10/13

Hacia un "CONTRA-CONGRESO" de "NO DERECHO PENAL"



PRONUNCIAMIENTO LTF N° 1: Repudio al Congreso de Derecho Penal 2013 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Convocatoria a un “Contra-Congreso” de “no derecho penal"  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de octubre de 2013

 

El espacio abolicionista del encierro y toda otra variante punitiva Locos, Tumberos y Faloperos (Espacio LTF) a través del presente comunicado manifiesta su total rechazo por la organización, estructuración, sistematización y contenido del Congreso de Derecho Penal celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre los días 25 y 27 de septiembre del corriente año.

Con suma preocupación advertimos que “la academia” vinculada a la “cuestión criminal”, incluso aquellos sectores que por su trayectoria y pensamiento podrían definirse como “progresistas”, persiste en esa vieja costumbre de darle la espalda a las problemáticas sociales de fondo.

El derecho penal está en crisis, su funcionamiento plagado de perversiones estructurales demostró a lo largo de toda su historia una irrefutable inoperancia a la hora de pretender regular y/o solucionar satisfactoriamente los conflictos sociales. Su legitimidad carece de sustento. Mientras gracias a sus vericuetos y aparentes bondades persistan instrumentos tan nefastos como la cárcel, su exaltación como límite del “poder punitivo” es claramente insuficiente. Derecho penal y poder punitivo son apenas dos caras de la misma moneda, quien pretenda afirmar lo contrario asigna al derecho penal funciones “benignas” que claramente no tiene.

En este contexto y atento a lo antedicho dedicar un congreso de derecho penal a hablar exclusivamente de derecho penal, sin asumir –ni siquiera- someramente la posibilidad de construir prácticas superadoras, no represivas y palmariamente más eficaces que éste, nos parece un acto autista, conservador e irresponsable por definición.

Dicho en otros términos: si realmente nos preocupa regular y/o resolver conflictos sociales el derecho penal debe necesariamente ser abordado por fuera del derecho penal. En caso contrario, voluntaria o involuntariamente, no haremos otra cosa que legitimar siglos de explotación, disciplinamiento, exclusión, estigmatización y barbarie y por supuesto -insistimos con lo mismo- jamás resolver ni la más burda de las controversias cotidianas.  

Basta de eufemismos y tibiezas. El derecho penal mata. El derecho penal legaliza la tortura. El derecho penal destruye todo ámbito de posible reparación de los daños ocasionados por alguno o algunos de los protagonistas del eventual conflicto. El derecho penal reproduce verdades para pocos. El derecho penal protege a esos pocos, silencia a las mayorías y en nombre de la “justicia” reverencia idílicamente al statu quo.

Hablar de “culpabilidad y neurociencias”, de cuestiones concursales, de “delitos impropios”, hablar de aspectos meramente dogmáticos o hablar de la democratización de la justicia incluyendo en este “slogan” algo tan paradigmáticamente antidemocrático como el derecho penal y, por el contrario, no dedicar ni una palabra a la mediación comunitaria, a la justicia restaurativa o a la imaginación no punitiva y/o al abolicionismo penal al que fervientemente adherimos, no tiene porqué ser aceptado con tanta pasividad y condescendencia, ni por nosotros ni por nadie que se defina a sí mismo como medianamente crítico.

Desde el Espacio LTF creemos en la Universidad Pública como un ámbito idóneo para el permanente cuestionamiento de lo “constituido” y no como una fuente de reafirmación compulsiva de que nada puede ser modificado o de que estamos condenados a vivir con lo que existe.

Nos preocupa que los estudiantes en forma masiva hayan sido cómplices de semejante evento, que las estructuras se mantengan inalterables, que pocos levanten la mano con bronca o se indignen por escuchar siempre los mismos discursos, que la solemnidad siga siendo protagonista, que la asimetría asuma el control de hablantes y oyentes, que el diálogo brille por su ausencia, que los salones huelan a limpio, a nada, a fórmula matemática.  Y que además la farsa sea tarifada. Que se cobre por asistir al circo y que se pague y se celebre cada uno de los movimientos ensayados con un aplauso lleno de silencio, “opio popular” y resignación.

Invitamos a todos aquellos que compartan nuestra posición a organizar, promover y participar de un “contra-congreso” de “no derecho penal” en el día y horario que conjuntamente fijemos a esos fines,  despojados  de todo oscurantismo académico. Libres. Creativos. En plazas públicas, en la calle, sin trajes, sin corbatas. Escuchando la voz de los presos y sus familiares, de las organizaciones de base, de los militantes y no meras conferencias de profesionales del derecho o juristas “consagrados”. Es momento de revolucionar el universo de la “cuestión criminal” exaltando desde lo político- conceptual posiciones tales como el referido abolicionismo penal, pero también desde lo epistemológico, rompiendo la siniestra sacralidad en la que tristemente está inmersa la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la mayoría de los docentes, autoridades y estudiantes que por allí pasan.   

CRONOGRAMA del CONGRESO de DERECHO PENAL. UBA 2013:


 

22/8/13

La última ficha

La fuga de los 13 presos de Ezeiza, las militancias parciales y el abolicionismo penal



Todos los caminos conducen a Roma. O mejor dicho, a plantear la necesidad de militar fuertemente por la desaparición de la cárcel. Ya no es suficiente pretender “mejorar” la institución, pintar sus paredes o luchar únicamente por reivindicar algún que otro derecho individual de las personas privadas de su libertad. No hay lugar para tibiezas, vacilaciones ni posiciones a mitad de camino entre la crítica enérgica y la legitimación manifiesta. Pretender “mejorar” la cárcel sería (y es) ingenuo de nuestra parte. Un suicidio táctico. Una praxis activista destinada a fracasar. No hay margen alguno para mejorar algo naturalmente concebido para destruir, excluir, apartar, someter y torturar a hombres y mujeres de carne y hueso. Seamos contundentes. A algo semejante sólo se lo combate eficazmente propugnando su abolición.

Lo sucedido en Ezeiza no hace más que corroborar y reafirmar mi postura. Más allá de coberturas mediáticas hilarantes con cierto tono hollywoodense y escaso rigor conceptual, el panorama es harto elocuente y, como dirían las abuelas, “para muestra basta un botón”.

Si los 13 presos de la “película” se fugaron heroicamente y sin ayuda de nadie, sería 100% hipócrita cuestionar su accionar. Pongámonos por un instante en la piel de un ser humano encerrado, rodeado de resentimiento, rencor y opresión sistemática. ¿Tendríamos a nuestra disposición alguna opción más seductora que el escape? Intuyo que no. Alguna vez un profesor de criminología me dijo: “El primer y único derecho que tiene un preso, es el derecho a la fuga”. Suscribo las palabras de aquel viejo maestro y continúo mi análisis recordando alguna que otra caminata por los pabellones del Complejo Penitenciario N° 1. Como docente de “Derechos Humanos y Garantías”, en el marco del Programa UBA XXII, confieso tuve –y en más de una ocasión- un deseo casi incontrolable. Dinamitar los muros y continuar la cursada en un plaza a cielo abierto supo transformarse en uno de mis pensamientos más excitantes.  

Si por el contrario, la hipótesis del heroísmo se desvanece y empezamos a hablar, sin más, de connivencia interna, más a mi favor. ¿Acaso creían que iban a poder cambiar algo (o al menos intentarlo) sin pagar las consecuencias? ¿Hay algo más antidemocrático que una cárcel? ¿Existe zona liberada más proclive a la corrupción y el negocio espurio que una prisión? No, no y no. Está todo demasiado contaminado. E insisto. No hay descontaminación posible. La cárcel es contaminación. La cárcel es esto. No otra cosa.

La suerte ya está echada. Compañeros de adentro y afuera, el Servicio Penitenciario no permite filtraciones.  O lo atacamos a fondo o nos comen las rodillas. O tenemos un norte claro, hacia la abolición de semejante barbarie, o seguimos siendo cómplices involuntarios de algo que seguramente en algunos años habrá de avergonzarnos como sociedad.

Desmilitarización del SPF y los Servicios Penitenciarios Provinciales YA. Conmutación de penas en beneficio de los sectores más vulnerables de la población penitenciaria YA. Prohibición de construcción de nuevas unidades penitenciarias YA. Instalación a gran escala de mecanismos de resolución alternativa de conflictos YA. Planes intersectoriales de inclusión social postpenitenciaria YA. Empecemos por ahí y después vayamos viendo…

Menos encierro y más inclusión social. Menos mano dura, tolerancia cero y respuestas demagógicas redactadas por asesores robóticos y más imaginación no punitiva. El abolicionismo penal pide pista. Ojalá sepamos nutrirnos de su potencia transformadora. Ojalá las organizaciones sociales, políticas, gubernamentales o no, vinculadas de algún modo a la militancia en contextos de encierro, asuman cuanto antes esta “bandera” con vehemencia y obstinación. Si realmente queremos cambiar el curso actual de los acontecimientos en la materia que aquí nos ocupa, quizás esta sea nuestra última ficha.
 
Maximiliano Postay

 

 

 

22/6/13

Números que marcan el camino


Las estadísticas penitenciarias como referencia ineludible para una práctica abolicionista penal inmediata y materialmente posible (Nota publicada en INFOJUS NOTICIAS, el 22 de junio de 2013)

No siempre los números dicen poco. Si analizamos los datos estadísticos que las propias instituciones oficiales vinculadas a la "cuestión carcelaria" (Ministerio de Justicia de la Nación y/o Procuración Penitenciaria de la Nación) ponen a disposición de la opinión pública en sus respectivos portales habremos de corroborarlo.
Querido lector: si como yo, usted cree que el sistema penal, la cárcel y toda su inhumanidad, perversidad y salvajismo debe desaparecer, si no le entra en su cabeza que en pleno siglo XXI sigan existiendo jaulas para seres humanos, si aspira a una solución no traumática de los conflictos sociales y verifica que el sistema penal vigente no sólo no resuelve los conflictos que aborda sino que los agrava, potencia y multiplica, pero a su vez no es ingenuo, romántico ni idealista y asume que la materialización de tal aspiración requiere un proceso político, cultural y social paulatino y/o progresivo, a prestar especial atención a ese conjunto tan particular que va del “0” al “9” y que infinitas combinaciones pone a nuestra alcance. Quizás la respuesta al gran interrogante que día a día nos hacemos aquellos que apostamos explícitamente por la reivindicación del paradigma no punitivo (¿cómo y por dónde empezar a transitar en términos prácticos el camino del abolicionismo penal?) aparezca ni más ni menos que en su terreno.
 
La cantidad total de presos y presas en la Argentina oscila entre 61 mil y 65 mil personas, según contemos o no a los privados de su libertad alojados en establecimientos que técnicamente hablando no llegan a ser catalogados como “cárceles”, por ejemplo las comisarías. De ese universo poblacional al momento de consumada la detención un 83 % no terminó la secundaria, un 75 % se encontraba desocupado o apenas realizando trabajos a tiempo parcial y un casi 70 % no había cumplido 35 años de edad. Es difícil definir con precisión cuántos de ellos vivían en la indigencia, cuántos cubrían sus necesidades básicas con esfuerzo o cuántos apenas llegaban con cierto margen a fin de mes. Lo cierto es que más allá de las sutiles diferencias enunciadas, más del 95 % de la población carcelaria pertenece a los sectores más vulnerables de la sociedad o dicho en otros términos: la cárcel está repleta de gente pobre.

¿Y esto por qué? Salvo que admiremos a Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Rafaelle Garofallo y las teorías decimonónicas que nos hablan de la innata tendencia al “delito” de ciertas personas por sus rasgos físicos, su perfil psicológico o contexto social, no tenemos más que denunciar el perverso funcionamiento selectivo del sistema penal.

A la cárcel no llegan todos los que cometen “delitos” sino solo aquellos que el sistema penal a través de cada una de sus agencias señala como merecedores de semejante castigo. Enemigos del statu quo, seres sobrantes o entes desagradables que cual “chivos expiatorios” de alguna u otra manera justifican, sin más, la puesta en marcha de la maquinaria represiva del Estado. Sin seres “peligrosos” a los cuales perseguir el “negocio” de la persecución carecería de sentido. Tan sencillo como eso.


En línea con lo antedicho continuemos con el análisis numerológico y -como quien no quiere la cosa- aprovechemos la ocasión para derrumbar algún que otro mito. Dice Doña Rosa: “En Argentina dejan entrar a cualquiera. Lo peor de todos los países de Sudamérica viene a parar a nuestro país. Estoy cansada de no poder caminar tranquila por la calle por culpa de estos peruanos/bolivianos/paraguayos de mierda”. Doña Rosa puede sentir y pensar lo que quiera, pero su posición es infundada. No obstante la notable vulnerabilidad de estos sectores y no obstante también contar con todos los “rasgos estereotípicos” que el sistema penal  pretende para sus clientes, los extranjeros en la cárceles argentinas son menos del 5 %, de los cuales sólo una mínima porción está privado de su libertad por haber cometido un “delito” de los habitualmente considerados graves. La mayoría está donde está a causa de la comisión de alguna infracción contra la propiedad privada o por haber sido utilizado como “mula” por algún discípulo del discípulo del discípulo de algún magnate del narcotráfico internacional. Magnate que, por otra parte, muy difícilmente engalane alguna vez los pabellones carcelarios con su presencia física. 


A propósito de esto, resulta pertinente preguntarse, ya en términos generales, qué motivó en cada caso la privación de la libertad de cada preso. A esta altura la respuesta no debería sorprendernos. En la cárcel abundan “delincuentes” contra la propiedad privada o emparentados a la ley nacional de drogas: tenedores, transas de barrio, micro-traficantes o las mencionadas “mulitas”. Entre el 65 y el 70 % de la población carcelaria (aproximadamente 45 mil de 65 mil) cometió este tipo de conductas. En las cárceles no están los monstruos que Hollywood o buena parte de los medios masivos de comunicación se empeñan en representar, sino todo lo contrario. La cárcel, al igual que lo que ocurre con los pobres, también está llena de “perejiles”.

Otro fenómeno preocupante es el de los presos encerrados sin condena y en virtud de esto técnicamente inocentes. Según datos oficiales el 51 % de la población carcelaria se encuentra en situación de “prisión preventiva”. Más allá de lo abultado del número citado, vale la pena aclarar que si no fuera por el controvertido y repudiable instituto del “juicio abreviado” (suerte de despareja negociación entre el fiscal y el propio acusado que agiliza el trámite judicial a costa de sacrificar todas y cada una de las garantías que el debido proceso impone como obligatorias) la cifra todavía sería mayor y rondaría el 60 %.

Finalmente el último indicador al que haré referencia, es el emparentado a los presos que están encerrados como mínimo por segunda vez. Los niveles de reincidencia son altísimos. Casi la mitad de la población se encuentra en esa situación, destacándose los casos de las personas que en su adolescencia también estuvieron alojadas en Institutos de Menores. La inclusión social post-penitenciaria no existe. El Estado poco hace por la persona que alguna vez estuvo tras las rejas una vez que ésta recuperó su libertad e incluso promueve/permite/alienta escenarios tan incoherentes, contradictorios e irritantes como presentar en el seno de su ordenamiento jurídico normas que por un lado impulsan la “reinserción social del reo” y por el otro la dificultan en forma manifiesta con institutos tales como el “Certificado de Antecedentes Penales”, obstáculo muchas veces insalvable a los fines de, por ejemplo, encontrar un trabajo digno en el medio abierto.

Si logramos reducir al máximo la prisión preventiva, utilizándola excepcionalmente y no como regla, tal cual lo imponen los tratados internacionales de derechos humanos; si trabajamos intersectorialmente para que una persona de regreso al mundo libre luego de algunas temporadas en la cárcel pueda trabajar, estudiar y vivir en comunidad sin estigmas ni dificultades extras (proponiendo por ejemplo la eliminación del citado "Certificado de Antecdedentes Penales"); si descriminalizamos los “delitos” en los cuales el bien jurídico dañado es la propiedad privada o algún objeto material, generando mecanismos comunitarios y/o institucionales que den lugar a una eventual compensación del padecimiento ocasionado o trasladando a la órbita civil lo que actualmente se dirime en el fuero penal; si de una vez por todas nos decidimos a legalizar las drogas; y si finalmente tomamos consciencia de que buena parte de los conflictos sociales que hoy dan sustancia a la población penitenciaría podrían evitarse con políticas serias de desarrollo social, educación, cultura y trabajo, y bajo ningún punto de vista desde meros “maquillajes” represivos (demagógicos, facilistas y anti-humanos por definición) el panorama de cara a un futuro sin cárceles y sin sistema penal sería bastante más llano y lo que hoy resulta harto distante estaría muchísimo más cerca de hacerse realidad.

Dicho numerológicamente, en vez de tener 65 mil presos tendríamos apenas unos cuantos miles (o quizás cientos), y lo que es todavía mejor, habremos logrado demostrar la potencialidad social del paradigma no punitivo, no sólo en beneficio de las víctimas directas del aparato represivo (los presos), sino del resto de la comunidad, generando nuevos “estados de situación” o “medios ambientes” claramente motivadores de cara al abordaje también no punitivo de los conflictos remanentes, aquellos que por sus características propias y especial gravedad no forman parte en forma expresa de esta suerte de “etapa inicial” que en clave abolicionista se pretende comenzar a transitar.
Maximiliano Postay
 
 
 

 



 

3/6/13

Acto en Reconocimiento del Abolicionismo Penal

En lo que sin lugar a dudas representa un hecho inédito, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el próximo miércoles 5 de junio a las 19 hs., realizará un acto formal a través del cual declarará de "interés para la promoción y protección de los derechos humanos" al libro "El abolicionismo penal en América Latina. Imaginación no punitiva y militancia" (Editores del Puerto, Buenos Aires, Argentina, 2012).
 
La obra, compilada por Maximiliano Postay, cuenta con la participación especial de Raúl Zaffaroni, Iñaki Anitua, Edson Passetti, María Lucía Karam, Matías Bailone, Damián Zaitch, Claudio Martyniuk, Florencia Pérez Lalli, Ximena Martel, Mauro Lopardo, Pablo Rovatti, Mario Juliano, Eleonora Devoto, Alejandro Forero Cuellar, Keymer Avila y Claudio Guimaraes.
 
En tiempos en que a la inseguridad y a la problemática del "delito" y la violencia desde los sectores más diversos de la sociedad se le da respuesta con mano dura, inflación penal o tolerancia cero, resulta un antecedente más que saludable la materialización de iniciativas de estas características.
 
Aquellos interesados en participar del evento, no tienen más que acercarse. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.



 

9/5/13

CONVOCATORIA NACIONAL

Hacia un abolicionismo penal posible.

El Espacio de Pensamiento, Praxis y Militancia Abolicionista del Encierro y Toda Otra Variante Punitiva LOCOS, TUMBEROS y FALOPEROS (LTF), convoca a organizaciones sociales, estudiantes, profesionales, operadores, víctimas del sistema penal y familiares a colaborar en la realización de un “Plan Integral”, cuyo objetivo central sea la elaboración de un trazado político -materialmente posible- que apunte a reducir en el corto, mediano y largo plazo la estructura carcelaria y sus, por demás nefastas, consecuencias, iniciando de esta manera una suerte de “tránsito” o “etapa previa” hacia el ideal abolicionista al que claramente adherimos.  

Para ello solicitamos que desde todo el país, nos hagan llegar inquietudes, discusiones, propuestas concretas, experiencias, antecedentes jurisprudenciales, programas y proyectos coherentes con este propósito.

Las colaboraciones se recibirán entre los meses de abril y octubre del año 2013, debiendo ser remitidas a nuestra dirección de correo electrónico: pinssen@yahoo.com.ar  o a nuestro Facebook: Espacio LTF.
 
 
 
Hartos de que una postura como el abolicionismo penal, sea sistemáticamente tildada de “utópica” o “irrealizable”, nos proponemos derrumbar de una vez por todas este prejuicio, y qué mejor que una actividad de estas características para cumplir esa meta en forma exitosa.

Existen infinidad de cosas por hacer. Descriminalizar conductas, generando alternativas no represivas para abordarlas; elaborar políticas preventivas de lo que comúnmente es denominado “delito”; flexibilizar la rigidez de los sistemas procesales contemporáneos; promover la inclusión postpenitenciaria de los actualmente detenidos; entre muchísimas otras posibilidades.

El sistema penal históricamente ha generado infinidad de perjuicios, calamidades, desastres y daños irreparables no sólo para los directamente damnificados, sino para el conjunto de la sociedad. Siglos y siglos de fracaso y violencia social organizada, ameritan que con la mayor de las firmezas empecemos a pensar seriamente en la construcción de algo francamente superador.

Sólo pedimos un poco de “Imaginación no punitiva”.

Desde ya muchísimas gracias por su atención.
 
 

 

4/12/12

Avance "Rejas, suspiros y llaves"

 
Introducción del documental abolicionista, realizado conjuntamente por "Ojota con Medias" (productora independiente liderada por Ezequiel Altamirano) y el "Espacio LTF", en el que se destacan las participaciones de Oscar Castelnovo, Mario Juliano, Azucena Racosta, La Galle, Sebastián Carrera, Cacho Rodríguez, Gastón Bosio, Maximiliano Postay, Iñaki Anitua y el grupo Salvatablas.
 
 
 
 

14/11/12

ACTIVIDAD 100% ABOLICIONISTA

 
21 de noviembre de 2012
19:30 hs.
Salón Verde de la Facultad de Derecho de la UBA
 
 

11/7/12

En contra de la cárcel, desde adentro de la cárcel

Experiencia única en el marco del 1° Congreso de Salud Mental, Cárceles y Drogas, co-organizado por el Espacio Locos, Tumberos y Faloperos (LTF) y el Centro de Estudiantes de la U.31. de Florencio Varela



A veces no es suficiente decir lo que se piensa. A veces también importa el lugar exacto que se elige para hacerlo. Las palabras valen el doble, si decirlas supone riesgos y la dignidad es lo que está en juego. Hablar en contra de la cárcel y el sistema penal adentro de un establecimiento penitenciario no es para nada fácil.

Los presos del centro de estudiantes de la U.31 y los integrantes del Espacio LTF, demostraron valentía, haciendo efectivamente lo que venían anunciando hace varias semanas: “decirle al sistema, en su propia cara, lo inmunda que resulta su existencia”. Orgullosos del trabajo que vienen haciendo juntos desde hace más de tres meses, el 1° Congreso de Salud Mental, Cárceles y Drogas, titulado “La implementación de políticas sociales sustitutivas del encierro, como alternativa materialmente posible”, fue la mejor carta de presentación para ambos colectivos.


Durante más de seis horas y en una jornada que seguramente va a ser recordada durante mucho tiempo, dos paneles de especialistas, focalizaron su recorrido en cuestionar en forma radical diferentes variantes de encierro. Convencidos del denominador común que atraviesa a las llamadas instituciones totales -además de la cárcel- también hubo lugar para combatir el manicomio, la comunidad terapéutica y hasta los geriátricos.

La apertura del Congreso estuvo a cargo del Presidente del Centro de Estudiantes, Gerardo Carrizo. “Estamos cansados de palabras. Queremos que las palabras se transformen en hechos”, afirmó contundente, incitando a sus propios compañeros a mirar un poco más allá de sus realidades individuales, atreviéndose a cuestionar estructuralmente el sistema penal que día a día, con el pretexto de “reinsertarlos socialmente” no hace más que poner trabas en sus desarrollos personales y colectivos. “No venimos a decir que somos inocentes. Somos realistas, pero si de algo estoy seguro es que este no es el camino ideal para solucionar ninguna problemática.”, completó conmocionado, orgulloso de su rol de líder y “cara visible” del espacio que preside.


Acto seguido tomó la palabra Maximiliano Postay. En su calidad de Coordinador General de LTF, el abogado abolicionista recibió a los presentes afirmando estar “especialmente orgulloso”.  “Ustedes no vinieron engañados. Vinieron a un congreso abolicionista, organizado por abolicionistas”, destacó con entusiasmo; y a su vez agregó: “vivir sin encierro no es una utopía, es materialmente posible. Tenemos que seguir el ejemplo de la ley nacional de salud mental, que plantea la prohibición de construir nuevos manicomios en la Argentina. Ojalá alguna vez logremos que desde el poder político baje la orden de tampoco construir nuevas cárceles”.

Luis Mocchi Chávez, estudiante de derecho, preso hace varios años, haciendo las veces de maestro de ceremonia, presentó uno por uno a los integrante del primer panel convocado. Leonardo Gorbacz, ex diputado nacional y autor de la ley nacional de salud mental N° 26.657, como primer expositor, destacó la mirada transversal planteada por LTF, desarrolló el proceso de transformación cultural que supone el cambio de paradigma propuesto por la norma por él diseñada, afirmando que “la sanción de la ley es apenas un paso” y que la militancia desmanicomliazadora debe multiplicar sus esfuerzos, y no conformarse con lo hasta ahora conseguido.



En segundo lugar tomó la palabra Alberto Calabrese. El prestigioso sociólogo fue contundente. Sus palabras giraron en todo momento a repudiar el paradigma prohibicionista de “guerra contra las drogas” impulsado por los Estados Unidos, hace apenas algunas décadas. También tuvo lugar para referirse a la discusión política actual en torno a la despenalización del consumo y la tenencia de estupefacientes. A propósito de ello afirmó: “Acompañamos la iniciativa de la despenalización, pero consideramos que eso es apenas un paso. La problemática de fondo recién ha de solucionarse cuando las drogas sean legalizadas”.

Finalmente Santiago Gómez, psicoanalista y periodista de la Revista Hamartia, realizó un interesante recorrido histórico del rol del “poder médico” en el aparato represivo. Con citas de Foucault, Zaffaroni y el “poeta tumbero” Camilo Blajaquis, provocó a los asistentes,  ridiculizando el rol de la mayoría de los psicólogos en el seno de las instituciones de encierro.



Luego de ello, lo más interesante. Durante casi una hora se debatió en forma ininterrumpida. Penitenciarios, abogados, ex internos de salud mental, presos de diferentes unidades del conurbano bonaerense y estudiantes no universitarios también privados de su libertad, no se callaron nada. Tensión e intercambio respetuoso (pero muy apasionado) caracterizaron cada una de las intervenciones de los asistentes al evento.

Durante unos minutos, hubo tiempo para la recreación y las relaciones públicas. Aprovechando la excelente organización realizada por los presos del pabellón de estudiantes universitarios, los invitados gozaron de una recepción que sorprendió a varios. Uno de los que más destacó la atención brindada fue el propio Gorbacz. El ex diputado, acostumbrado a ser agasajado en múltiples eventos en diferentes puntos del país afirmó que la calidad de la organización y el buen trato proporcionado por los “dueños de casa” lo harían multiplicar su nivel de exigencia, a la hora de participar en nuevas jornadas, incluso en el medio abierto.



A las 15 hs., el segundo panel generaría las máximas emociones. Hablar de cárceles específicamente motivó la participación de cada uno de los presos presentes. Su voz pudo escucharse más que nunca. Las intervenciones de los miembros de LTF Sebastián Cabezas y el citado Postay y la ponencia de Florencia Pérez Lalli en representación de GESEC, fueron la excusa perfecta para horizontalizar el intercambio. 

El primero en exponer fue Cabezas. Para él la verdadera violencia no la generan los delitos, como conductas individuales sino las propias estructuras institucionales, en especial la cárcel; recordando la clásica clasificación de “violencias” formulada hace algunas décadas por el sociólogo noruego Galtung, su conclusión generó potentes repercusiones.



En segundo lugar, Postay se encargó de “hablar de militante a militantes”. Propuso fijar como piso de discusión la oposición radical frente al sistema y en base a eso enunció progresivamente el porqué de su vocación abolicionista y las razones por las cuáles no adhiere a otro tipo de militancias. Durante más de treinta minutos afirmó no conformarse con mejorar condiciones carcelarias o reivindicar derechos individuales, ni tampoco con posturas como el derecho penal mínimo o el garantismo, doctrinas que -para él- suponen una peligrosa puerta de acceso hacia una suerte de “bastión de resistencia” del poder punitivo en su afán inercial de desarrollo. “Al sistema penal no hay que discutirlo con tibieza. En este punto ser abolicionista resulta la opción más atractiva”.

No obstante planteó la necesidad de redefinir táctica y estratégicamente el abolicionismo penal hasta ahora desarrollado, afirmando que “con lo realizado hasta el momento por los autores noruegos y holandeses habitualmente citados (Hulsman, Mathiesen y Christie)” la consolidación del abolicionismo penal como teoría y praxis a considerar seriamente por el poder político, es inviable.



En última instancia Pérez Lalli, destacó el rol de la educación intra muros como mecanismo de superación de adversidades y enfatizó el proceso de “resignificación de militancias” que dentro de la propia institución que integra están viviendo. “Nos dimos cuenta que no es suficiente luchar por un derecho en particular, sino tener una mirada más estructural de la cuestión”. Dicho replanteamiento lo atribuyó en parte a la militancia que en ese sentido viene haciendo desde hace algunos meses el Espacio LTF.

Una hora más tarde, relajados y relegando todo tipo de prejuicios, las voces multiplicaron su fuerza. No quedó casi nadie sin hablar. Lo que empezó siendo un mero intercambio académico, devino voluntariamente en reunión asamblearia. Decenas de personas de múltiples procedencias dándose ánimo, garantizándose apoyos futuros y elogiando la celebración de tan particular Congreso. Desde la Unidad 12 de la Ciudad de La Plata, se propuso la realización de una actividad parecida. También se interesaron desde la U.24 de Florencio Varela.



A eso de las 17:30 hs. cuando el evento llegaba a su fin, una sensación sobrevolaba el ambiente. “Algo” estaba ocurriendo. Y ese “algo” era absolutamente motivador. No hubo conclusiones y las palabras de cierre se limitaron a un mero “gracias”. ¿Cómo concluir algo que apenas empieza? En contra de la cárcel, desde adentro de la cárcel. El abolicionismo volvió para quedarse.
(Nota originalmente publicada durante la segunda quincena del mes de junio por la Agencia Walsh y Todo Provincial)



10/6/12

"No a la construcción de nuevas cárceles"

Documento presentado conjuntamente por las agrupaciones Locos, Tumberos y Faloperos (LTF), La Mella, Comunicación por la Libertad (CXL) y Atrapamuros, en el marco del 4° Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, el Sábado 9 de Junio de 2012, en Rosario, Santa Fé, República Argentina.


Trabajo en Cárceles: Nuestra acción, adentro y afuera:

I.
Violaciones sistemáticas a los derechos humanos, muertes diarias invisibilizadas por la opinión pública, terrorismo de estado en democracia, corrupción estructural, negocio millonario para pocos, discriminación, racismo, esclavitud racionalizada, multiplicación de desigualdades extramuros y caldo de cultivo del conflicto social que en teoría pretende atemperar.
La cárcel no es más ni menos que eso.
En la Argentina hay aproximadamente 65 mil personas privadas de su libertad por el Estado, de las cuales casi el 70% son procesados, es decir inocentes.
La sobrepoblación alcanza el 80%, lo que significa que las cárceles argentinas albergan casi el doble de las personas que su capacidad edilicia les permite.
El número de personas encarceladas en las últimas décadas aumenta a un ritmo 9 veces mayor que la población general.
Este crecimiento –vale decirlo- no guarda relación alguna con la frecuencia delictual, sino que depende estrictamente de políticas estatales premeditadas, diseñadas por potencias foráneas, a base de prácticas como la “mano dura” o la “tolerancia cero” y/o teorías tales como el “actuarialismo” o el “derecho penal del enemigo”, en boga principalmente después de la caída de las Torres Gemelas, en Nueva York,  el 11 de septiembre de 2001.

II.

El sistema penitenciario suele ser un negocio sumamente rentable para quienes lo comandan (autoridades políticas, directores de unidades y complejos. y en menor medida los guardias de los servicios penitenciarios).
La comida, el trabajo y la salud de las personas presas se convierten en un “negociado de malversaciones” en el que los funcionarios embolsan –en beneficio propio- los recursos que el Estado provee –teóricamente- para garantizar la dignidad de las personas encerradas.
Las drogas, los celulares, las celdas vip y demás beneficios adentro de una cárcel están sumamente cotizados.
Pequeños “kioscos” administrados conjuntamente por presos y penitenciarios, en connivencia con autoridades de mayor rango, contribuyen a que la estadía en la cárcel, sea una verdadera carrera de supervivencia, en el que “todo vale”, con tal de superar las dificultades naturales que impone esta jaula miserable. 
La lógica de premios y castigos avalada expresamente por la normativa vigente, no hace más que realzar la individualidad de cada una de las personas privadas de su libertad, en detrimento de cualquier actividad llevada adelante en conjunto.
Sin embargo, a través de una lucha constante y larga, dentro y fuera de los muros, hoy existen numerosos centros de estudiantes (Penal de Devoto, Ezeiza mujeres y varones, Unidad 48 de San Martín, Unidad 31 de Florencio Varela, etc.), encuentros inter-carcelarios y reclamos conjuntos; clara muestra que la organización entre los internos no es una utopía, sino, una realidad.
Lo dicho no puede tomarse como algo normal, no hay que acostumbrarse. Que la organización crezca día a día y de distintas formas es completamente posible.
 
 
III.

En lo que va del año, en el complejo penitenciario de José León Suarez en la Provincia de Buenos Aires, murieron 5 personas.
Patricio Barrios Cisneros fue asesinado a golpes por diez guardias penitenciarios delante de su mujer embarazada. Le saltaron en el pecho hasta matarlo.
¿La razón? Su hermano había denunciado que los guardias penitenciarios lo sacaban a robar para ellos. La versión oficial del servicio fue que se había golpeado contra las rejas auto-lesionándose hasta morir.
El fiscal estaba presto a aceptar esta versión, pero más de diez testigos presenciaron el hecho y declararon, por lo que los penitenciarios imputados terminaron dándose a la fuga, con la ayuda de sus colegas y el “visto bueno” de la fiscalía que a las dos semanas de los hechos todavía no había pedido la captura internacional.
Lo dicho es sólo un ejemplo de la impunidad con que se manejan los guardias y directores de los servicios penitenciarios, corroborando completamente lo que hasta ahora venimos denunciando.  
En la provincia de Buenos Aires no hay un solo guardia condenado por torturas o por homicidio. Los fiscales y los jueces avalan las prácticas en lugar de denunciarlas y condenarlas.
La política de derechos humanos no parece alcanzar a los penales. Por el contrario, el manejo penitenciario se asemeja ostensiblemente al de los campos de concentración.

IV.

Mientras tanto, los gobiernos nada hacen para cambiar el rumbo de los acontecimientos o lo que intentan hacer no va en la orientación que nosotros consideramos correcta.
De nada sirve trasladar un penal de una ciudad a otra, como se pretende realizar con la cárcel de Devoto (sólo a los fines de salvaguardar los intereses clasistas de los vecinos de uno de los barrios más adinerados de la Ciudad de Buenos Aires) ni –mucho menos- construir nuevas unidades, como las que se están edificando en Mendoza o en el Noroeste argentino (ambas, verdaderos “monstruos arquitectónicos”).
Por el contrario, consideramos de vital importancia, que las autoridades decreten formalmente la prohibición de construir nuevas cárceles y la necesidad de abordar la problemática social denominada “delito”, desde mecanismos de regulación de conflictos más eficaces. 
Idéntico criterio, asumió la hoy vigente ley nacional de salud mental, N° 26.657, con los manicomios –primos hermanos de la cárcel- y el resultado hasta ahora es satisfactorio.
Su artículo 27 expresa con contundencia que “Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes públicos o privados”. 
No estaría mal seguir este ejemplo.
La cárcel (y no sólo su realidad), nos indigna y moviliza. Especialmente que aún se sostenga desde el discurso dominante que de esta manera se “soluciona algún conflicto”, “se combate la inseguridad” o se “resocializa” a los que pasan por sus celdas.
Mejorar las condiciones de encierro y reivindicar el legitimo ejercicio de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad es una necesidad inmediata, insoslayable, de vida o muerte, pero también lo es luchar en forma organizada para erradicar progresivamente el campo operativo de esta estructura demencial, enfatizando que su eventual abolición no es una mera utopía sino una construcción político-cultural, que no obstante sonar hoy lejana, debe de una vez por todas, iniciar su camino.
De nosotros depende asumir la responsabilidad de dar los primeros pasos en esta dirección.


ATRAPAMUROS – COMUNICACIÓN X LA LIBERTAD (CXL)

LA MELLA – LOCOS, TUMBEROS Y FALOPEROS (LTF)


5/3/12

Adhesión LTF

DOCUMENTO

CIUDAD DE BUENOS AIRES: LA SALUD MENTAL VULNERADA

La atención de la Salud Mental, en el sistema público estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está sufriendo un grave proceso de deterioro y destrucción, en cuanto a su concepción y su funcionamiento. El gobierno de la ciudad, responsable de la política en el área, emitió apenas comenzado el año y muy sigilosamente la Resolución N°52/12, por la cual se llama a licitación pública para la contratación del “Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social”.

Este acto de gobierno, por el cual se derivan dineros públicos hacia el sector privado, contradice de forma sumamente lesiva, los lineamientos expresados por la Constitución de la Ciudad, la Ley N°448 de Salud Mental y la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657. El marco legal es sumamente claro en cuanto a la imprescindible transformación del actual modelo de atención en Salud Mental, estableciendo para ello, la creación y apertura de dispositivos para la atención, rehabilitación y reinserción social de las personas con padecimientos mentales. Así mismo, se establece que la internación de pacientes, debe ser considerada “como una modalidad de atención, aplicable cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios”.

También según las leyes, se establece que las problemáticas de salud mental deben ser tratadas desde la perspectiva interdisciplinaria, considerando el aporte de la multiplicidad de prácticas y saberes del campo de referencia. Esta Resolución, no sólo contradice la legalidad, sino que hace gala de un anacronismo evidenciado por la historia y la realidad, al clasificar a los pacientes meramente como “psiquiátricos”. Los resultados devenidos por la acción de una “omnidisciplina”, perpetúa el modelo asilar – manicomial, y en base a ello resulta perjudicial y retrógrado intentar subordinar a la Salud Mental, desde una visión de “modelo médico hegemónico”.

Este accionar del gobierno del Ing. Macri, no se reduce a la transgresión generada desde la mencionada Resolución, sino que apunta y se complementa también, con el cierre y desfinanciamiento de diversos dispositivos de atención existentes, tales como el P.A.C. (Programa de Atención Comunitaria para niños/as y adolescentes), dependiente del Centro de Salud Mental N°1 “Hugo Rosarios”.

La Resolución N°52 permite visualizar el doble perjuicio que se genera: en primer lugar, porque atenta contra la atención de la población, contrariando lo que expresa la Constitución de la Ciudad, según la cual debe concretarse un proceso de “desinstitucionalización progresiva”, creando una red de servicios y protección social y garantizando su atención en los establecimientos estatales. Así, no sólo se priva de los recursos necesarios para la creación de los dispositivos, sino que también se desatiende lo existente, con graves consecuencias. Por otro lado, se intenta “tercerizar” la atención, derivando hacia clínicas privadas, sosteniendo la “internación prolongada” como modalidad asilar-manicomial. La Constitución de la Ciudad expresa que “no se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector…”. En el marco de este accionar, debe recordarse que este mismo gobierno ya lo ejecutó con la atención de las adicciones (sustrayendo la pertinencia de las mismas al área de salud mental y delegando la atención en instituciones privadas). Esto, sin eufemismos, implica la privatización del sistema de salud mental.

No podemos dejar de asociar a este estado de situación que, hace pocos días, el propio Macri presentó el megaproyecto inmobiliario denominado “Centro Cívico”, y que en un primer paso licitará la construcción de un edificio donde se albergarán la Jefatura de Gobierno y varios ministerios a un costo inicial de $ 280 millones, justamente en terrenos del Hospital Borda y el ex Hospital Rawson. A pesar del hermetismo, es indudable al observar los proyectos ganadores del concurso, que avanzará hacia los terrenos de los otros hospitales de salud mental lindantes. Pese a la evidencia, en ningún momento se ha hecho público cómo ha de resolverse la situación de las aproximadamente 1.700 personas internadas en los hospitales monovalentes Borda, Moyano y Tobar García, respetando lo establecido taxativamente por las leyes vigentes. Cabe consignar como dato reciente, que las topadoras han comenzado a demoler instalaciones, entre las que se encuentra el “Taller Pan del Borda”, sin aviso ni explicación.

Este avasallamiento del ejecutivo porteño, demuestra que su interés es satisfacer la avidez por proyectos inmobiliarios a gran escala, de los cuales participan conocidas empresas constructoras. La Resolución N°52 anticipa el escenario que se proyecta. El accionar del gobierno sustituye la prioridad de la transformación de la salud mental (que lleva doce años de postergación), por los beneficios de “progreso” que presentará para la población este megaproyecto para la zona Sur.

Estamos ante una emergencia que, por su gravedad, requiere de una respuesta inmediata a estos desatinos del Gobierno de la Ciudad, que también desnuda complicidades y llamativos silencios corporativos. En un espacio intersectorial e interinstitucional hemos confluido un conjunto de actores, vinculados y preocupados por este presente contradictorio para con los objetivos establecidos para la salud mental de la ciudad, ante la imperiosa necesidad de actuar partiendo desde dos ejes: la movilización de la comunidad, los pacientes y sus familiares y los trabajadores del sistema y, en otro plano, la defensa de la legalidad, mediante presentaciones ante la Justicia.

Sin más dilaciones, el Gobierno de la Ciudad debe cumplir con las leyes que propician los cambios para la Salud Mental y, en base a ello, exigimos la inmediata asignación de los recursos para instituir la apertura de camas de internación en hospitales generales, casas de medio camino, hospitales de día, residencias protegidas, emprendimientos sociales y el conjunto de dispositivos establecidos en el Art. 14° de la Ley 448. El proceso de desinstitucionalización que propicia el conjunto de leyes vigentes no admite especulaciones ni engaños: defender el hospital público no es defender los “manicomios” o instituciones asilares.

En virtud de lo expuesto es que las organizaciones profesionales, sociales y representantes políticos abajo firmantes convocamos a sumarse a esta lucha ligada a los derechos de la población, para contar con un sistema de salud mental digno y eficaz, del cual son también tributarios sus trabajadores.

Desde esta convocatoria amplia y plural, apoyaremos las presentaciones ante la Justicia, el consenso para establecer una gran movilización hacia la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en fecha próxima a determinar y todas las acciones que resulten pertinentes para el efectivo cumplimiento de las leyes de Salud Mental.
                                                                                                                                                                                                                             
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.


OTRAS ADHESIONES:

MESA PERMANENTE INTERSECTORIAL DE SALUD MENTAL
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SALUD MENTAL
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ALVEAR
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ALVAREZ
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 “AMEGHINO” DIPUTADA MARIA ELENA NADDEO – LEGISLATURA C.A.B.A.
DIPUTADO JORGE SELSER
DIPUTADA SUSANA RINALDI    
DIPUTADA VIRGINIA GONZALEZ GASS            

LEONARDO GORBACZ – DIPUTADO NACIONAL (MC) – AUTOR LEY  26.657
FORO DE INSTITUCIONES DE PROFESIONALES EN SALUD MENTAL - CABA –
COLECTIVO 448 DE SALUD MENTAL
ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS DEL GOB. CIUDAD AUT. DE BS.AS. – APGCABA -
FRENTE DE ARTISTAS DEL BORDA
RED ARGENTINA DE ARTE Y SALUD MENTAL
CÁTEDRA LIBRE DE SALUD Y DERECHOS HUMANOS – FACULTAD DE MEDICINA - UBA –
FORO DE INSTITUCIONES DE PROFESIONALES EN SALUD MENTAL - CABA – INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:
- ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS DEL GOB. CIUDAD AUT. DE BS.AS.
- ASOCIACION DE PSICÓLOGOS DE BUENOS AIRES
- ASOC. ARG. DE PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
- ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TERAPIA COGNITIVA
- ASOCIACIÓN COLEGIO DE PSICOANALISTAS
- ASOCIACIÓN SISTÉMICA DE BUENOS AIRES
- ASOCIACIÓN ESCUELA ARGENTINA DE PSICOTERAPIA PARA GRADUADOS
- ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA ARGENTINA
- ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE BUENOS AIRES
- ASOCIACIÓN GESTÁLTICA DE BUENOS AIRES 
- ATENEO PSICOANALÍTICO
- ATICO COOPERATIVA DE TRABAJO EN SALUD MENTAL
- CENTRO ORO
- FUNDACIÓN CIAP – CENTRO DE INVESTIG. Y ASESORAMIENTO EN PSICOLOGÍA
- ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA DE GRUPO
ASOCIACIÓN DE SALUD DE LOS ARGENTINOS – ASPA – JORGE RACHID –
ASOCIACIÓN CIVIL PROFESIONALES LATINOAMERICANOS CONTRA EL ABUSO DE PODER
FRENTE DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE LA KBA – NORA CAPPELLETTI –
MOVIMIENTO DE JÓVENES MILITANTANTES POR LA LEY NACIONAL 26.657 DE SALUD MENTAL
CASA SOCIAL DE BOEDO – INTEGRANTE COMISIÓN DE SALUD DEL FPV - COMUNA 5 –


ADHESIONES: saludmentalaeb@fibertel.com.ar